La demanda de terapias de reproducción asistida ha aumentado en los últimos años debido al continuo retraso de la maternidad y paternidad. De hecho, en España alrededor del 7 % de los nacimientos son a través de estas técnicas.
Según el último Informe Especial de Centros de Reproducción Asistida, publicado el pasado marzo por DBK, consultora especializada en estudios de análisis sectorial de España y Portugal, el valor total de dichos tratamientos en nuestro país en el último año se estima de unos 632 millones de euros.
En concreto, uno de los procedimientos que más ha incrementado su demanda es el de fecundación in vitro con óvulos de otras mujeres (ovodonación), donde España realiza la mayoría de los ciclos de Europa, junto con Rusia, República Checa y Grecia. Dado que en el sistema público solo se trata a menores de 40 años, la mayoría se realizan en centros privados, donde extienden la edad de tratamiento hasta los 50.
Uno de los procedimientos que más ha incrementado su demanda es el de fecundación in vitro con óvulos de otras mujeres, donde España realiza la mayoría de los ciclos de Europa
Según Vincenzo Pavone, director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el secreto del éxito español reside en cómo está planteado el mercado.
“España tiene un diseño de mercado que funciona perfectamente. Logra mezclar de una manera eficaz el incentivo económico, que ronda los 1.000 euros, con el incentivo social, que es el altruismo. Esto consigue que se movilicen muchas donantes”, detalla a SINC.
Por el contrario, en otros países europeos escasean las donaciones debido a que no se les compensa económicamente (Italia) o solo se les retribuyen gastos como el transporte hasta la clínica (Francia). “Esto genera un enorme turismo reproductivo en España”, explica el investigador del CSIC.
Pavone, junto a Sara Lafuente –ahora en la Universidad de Goethe de Frankfurt (Alemania)–, trabaja en el proyecto EDNA con el Centro de Investigación de la Reproducción de la Universidad de Montfort en Reino Unido y el Instituto de Bioética de Gante, Bélgica. El equipo investiga la configuración social, política y económica de las prácticas de ovodonación de Reino Unido, Bélgica y España.
Mercado construido en torno a las donaciones
A la vista de sus resultados, los investigadores califican este mercado de ‘incoherente’. “Todos los actores de esta economía se benefician y actúan de forma comercial y a las únicas a las que se les pide altruismo es a las donantes, que son las que llevan el peso y son la parte más vulnerable”, subraya Pavone. En España, la ovodonación se regula como un acto de altruismo de una mujer a otra donde las clínicas “solo deben ser intermediarias y no se benefician”, añade. Pero esa no es la realidad.
Según la ley de 2006, las donantes de óvulos reciben una compensación de hasta 1.200 euros debido a que la extracción conlleva un proceso complicado, que incluye inyecciones de hormonas, ecografías y una punción vaginal en quirófano y con anestesia.
En España la ovodonación se regula como un acto de altruismo de una mujer a otra donde las clínicas solo deben ser intermediarias
Considerando que muchas de las donantes son estudiantes universitarias, la compensación económica no es indiferente, según Pavone. “El sueldo mínimo en España son 950 euros, y para ello tienes que trabajar un mes durante 8 horas al día. Donando óvulos, en dos semanas ya tienes 1.000 euros”, opina.
Sin embargo, los investigadores destacan que la motivación de las donantes no es lo importante en este mercado, aunque ha sido lo que más se ha estudiado con respecto a ellas.
“Se analiza mucho cuál es la relación de las donantes con la compensación económica, pero yo creo que la perspectiva más razonable es que hay un mercado construido en torno a estas donaciones y tenemos que examinar si se está cumpliendo la normativa”, subraya Lafuente.
Pavone coincide: “Independientemente de las razones de las mujeres el día que van a donar, la realidad es que esta donación es una pieza clave para una industria que necesita abastecerse de materia prima: los óvulos”.
Técnica de extracción de óvulos. / Adobe Stock
A la espera de un registro nacional
En este sentido, uno de los factores que estudian en este proyecto es cómo controlan las clínicas las donaciones que ha hecho una mujer. Según la legislación, solo pueden nacer seis niños por donante y, para hacer un seguimiento, se debe crear un registro nacional donde se vuelquen los datos de cuántas veces ha donado una mujer, aunque sea en distintas clínicas, y de cuántos niños han nacido de sus óvulos. Sin embargo, Lafuente duda de que el registro funcione.
“En principio, las clínicas no dejan donar más de seis veces, algo que ya no está del todo bien enfocado”, dice la investigadora de la Universidad de Goethe. Pero al no haber un registro, es fácil que se descontrole. “Yo he hablado con donantes que han donado más veces, incluso en una misma clínica, algo que no es recomendable para su salud”, añade.
“La realidad es que esta donación es una pieza clave para una industria que necesita abastecerse de materia prima: los óvulos”, afirma Pavone
Koldo Carbonero, ginecólogo especializado en reproducción asistida en el Hospital Quirón Salud y presidente de la sección de Infertilidad en la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, subraya que se está haciendo en centros pilotos. “No todos los centros lo tienen, pero el registro está funcionando. Llegará un momento, probablemente este año, en el que haya un registro real de la donación en todo el estado”.
Sin embargo, Giuliana Baccino, psicóloga que ha trabajado durante quince años en un centro de reproducción asistida y ahora ejerce como consultora internacional en este campo, afirma que “es tarde”. “Aunque el Gobierno ya dio el sí para que los centros puedan meter sus datos, no todos lo están haciendo y muchos están esperando hasta que haya una fecha totalmente obligatoria”.
Por el momento, el registro sirve para poco y se exceden el número de extracciones. “Servirá cuando todos los centros estén forzados a introducir los datos en el momento en el que la donante entra por la puerta”, subraya Baccino. Mientras, cuenta Pilar Alama, ginecóloga y directora del programa de ovodonación de IVI, “dependemos del testimonio de la donante”. “Es fundamental por el bien de la donación y la transparencia que sea obligado que todos los centros participen al 100 %”, declara.
Más información para las donantes
Vincenzo Pavone cree que en España muchas mujeres sobrepasan el límite de los niños por donante por ignorancia. “A veces no saben si con las anteriores extracciones hubo nacimientos. Tenemos indicios de que las donantes repiten una y otra vez. La ausencia de registro les permite hacerlo varias veces sin que haya control. Evidentemente, con un registro esta práctica sería imposible y bajaría el número total de óvulos disponibles y, por lo tanto, el volumen de negocio”, añade.
Según datos preliminares del proyecto EDNA, las mujeres que donaron apenas reciben información sobre qué ocurre con sus óvulos, como que pueden ser transferidos a otras clínicas a cambio de un pago
Por su parte, Lafuente reclama que el criterio “debería estar vinculado a la salud de la donante, y no solo al potencial número de niños nacidos”. Según datos preliminares del proyecto EDNA, las mujeres que donaron apenas reciben información sobre qué ocurre con sus óvulos, como que pueden ser transferidos a otras clínicas a cambio de un pago, incluidas las de otros países.
“En general hay bastante desconocimiento, tanto del número de óvulos totales que se les extrae como de qué puede suceder con sus óvulos, pero depende de la clínica”, afirma la investigadora del CSIC, que ahora investiga el papel de las tecnologías de criopreservación de óvulos en la reproducción asistida.
Ambos investigadores coinciden en que es necesario “más debate social”. “Debería haber mayor conocimiento de lo que está pasando con la donación de óvulos y las consecuencias que tienen estas prácticas en la posibilidad de la mercantilización del cuerpo y en los tipos de relaciones biológicas y familiares”, concluye Lafuente. “Tiene que haber un acuerdo social sobre cómo se quiere gestionar esta cuestión”.
