El pacto C’s y PP va más allá, pero el fallecimiento de la exalcaldesa reabre el debate sobre cuándo debe asumirse la responsabilidad política
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) –
El fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha reabierto el debate sobre en qué momento procesal debe asumirse la responsabilidad política. El PP mantiene que se debe echar a un político cuando se abre juicio oral, aunque reconoce que en el pacto de investidura con Ciudadanos (C’s) fue más allá por exigencia del partido de Albert Rivera.
El goteo de casos de corrupción que han aflorado en los últimos años ha llevado a algunos partidos a abanderar la regeneración democrática como uno de sus principales promesas electorales. En el caso de Ciudadanos, en su programa sostiene que todos los cargos y representantes públicos deberán cesar «desde el momento en que se les abra investigación judicial (antigua imputación) en los casos de delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como en los de violencia de género».
Y el PP aceptó durante la negociación del pacto de investidura las tesis de Ciudadanos en esta materia. En el documento que firmaron a finales de agosto reza textualmente que ambas formaciones «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial».
Además, en ese acuerdo PP y Ciudadanos «se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos».
LO QUE DICEN LOS ESTATUTOS DEL PP
Fuentes ‘populares’ admiten Europa Press que esa redacción fue una exigencia del partido de Albert Rivera. De hecho, subrayan que la tesis que siempre ha defendido el PP es que se tomarán medidas contra un cargo público en el momento en que se abra juicio oral o haya indicios de criminalidad porque se formule la acusación.
En las filas del PP reconocen que este debate sobre cuándo asumir la responsabilidad política estará también encima de la mesa en el Congreso Nacional del mes de febrero. Ahí se estudiará si hay que introducir cambios en la ponencia de Estatutos del PP, dentro del capítulo relativo al régimen disciplinario.
El PP considera una infracción «muy grave» incurrir «en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos», lo que será sancionado con suspensión de militancia entre cuatro y seis años; e inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del PP o en representación del partido por igual periodo de tiempo. También está contemplada la expulsión del PP en caso de infracción grave, pero se impondrá cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación.
C’s SUAVIZÓ SU PROGRAMA EN ARAS DEL CONSENSO
Este debate sobre la responsabilidad política también llegará al Parlamento en breve. El pasado 15 de septiembre, Ciudadanos ya presentó una iniciativa que, en aras del consenso con los demás grupos parlamentarios, suaviza en cierta medida las tesis de su propio programa electoral.
Así, el partido naranja registró una proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes para impedir que quienes «han sido encausados judicialmente o condenados por su implicación en procesos relacionados con la corrupción, así como por otros delitos castigados con penas graves puedan formar parte de las listas electorales». Según C’s, este mismo criterio se aplicará a «todos los cargos electos en ejercicio».
Además, el texto de C’s señala que «automáticamente perderían su condición por incompatibilidad sobrevenida cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso judicial se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos».
EL DOCUMENTO DE RAJOY CON LOS IMPUTADOS PERO ABSUELTOS
Tras la muerte de Barberá, han sido continuas las llamadas en el PP a «reflexionar» sobre lo que ha sucedido con la exalcaldesa porque, según señalan, no había sido condenada por los tribunales pero sí por la llamada «pena del telediario».
Precisamente, Mariano Rajoy ha sido estos años el principal valedor de la tesis de que había que dejar actuar a la Justicia y no tomar decisiones apresuradas, porque podía provocar decisiones injustas. Como argumentos, ha empleado en numerosas ocasiones ‘el caso salmón’ que afectó al exministro José Manuel Soria o el caso del presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
El 24 de febrero, en una entrevista en Antena 3, a sabiendas de que le preguntarían por el ‘caso Barberá’, Rajoy exhibió un documento con casos de 170 cargos del PP que fueron imputados en su día pero después fueron absueltos o las causas archivadas, con el fin de subrayar la idea de que «conviene ser justo» ante las acusaciones de corrupción.
«Hay que ser implacable con la corrupción pero también ser justos con las personas porque de la condena mediática a veces no se recuperan nunca», dijo entonces Rajoy, que incluso recordó que en su día el exministro socialista José Blanco también estuvo imputado y a él no se le ocurrió pedir que le «demonizaran».
