La banca tenía tres opciones tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anulando de raíz las cláusulas-suelo hipotecarias: a) devolverlas de inmediato y, digamos, voluntariamente; b) anunciar que las estudiaría con cariño, caso a caso; c) declarar que pleitearía contra quien reclamase. Ha optado por esta última, la peor; por las «puñaladas de pícaro» cortoplacistas —contra el consejo del jefe de su patronal, José María Roldán—, que destruyen la confianza a largo plazo con su clientela: ese presunto arquitrabe de solidez que reivindicó tras la crisis.
Pero el daño reputacional es peor: esas cláusulas abusivas son el invisible hilo conductor que engarza el rescate de las cajas caídas (y su enorme factura) con la banca convencional (cuyo rescate lo pagaron los contribuyentes en los ochenta).
Al absorber las cajas (repletas de esas hipotecas), los bancos asumieron tanto su mina de buen metal como sus minas potencialmente explosivas, más aún si se blindaron con esquemas de protección pública de activos. Así que desde que decidieron obstaculizar la aplicación de la sentencia europea, los bancos asocian de facto y definitivamente su imagen a la de explotadores de la crisis, frente a sus explotados clientes.
Sucede esto porque las sentencias domésticas obedeciendo al TJUE irán cayendo en cascada, a velocidad de vértigo, tras las pioneras de Oviedo y Barcelona. También ocurrió con la que equiparó a los trabajadores temporales con los fijos: los jueces locales extendieron la protección de aquellos a todos los temporales. Algo que adivinaron los laboralistas de empresa, más adictos a patear juzgados que sus colegas mercantilistas de alto copete.
Y sucede así porque la propia sentencia recuerda a los magistrados españoles (punto 57) que les «incumbe pura y simplemente dejar sin aplicación la cláusula abusiva», es decir, someterse al «efecto directo» de su superior jurisprudencia.
Para más inri, el clima jurídico español es de rebelión: a los bufetes norteamericanizados de altos vuelos se les yuxtaponen los que se especializan en demandas populares en serie, casi industriales. A los tibios magistrados del Supremo se les insubordinan los juzgados locales buscando protección en Luxemburgo. A la prioridad absoluta para el interés económico institucional le sustituye el imperativo social en favor del débil.
Y sobre todo: a los bien pagados y a veces altaneros abogados del Estado (en este caso, abogadas, alguna transmutada en juez) que desdeñan, nacionalistas, la jurisprudencia europea como «extranjera» (los hay), se les oponen jueces mal pagados y eficaces juristas, desinteresados, de la Comisión y el TJUE.
Son gente inmune al brillo aurífero y dialéctico de sus colegas súbitamente absorbidos por los grandes despachos (transfuguismo sin cuarentena), esas puertas giratorias invisibles, más peligrosas que las políticas. Cada una de estas categorías está cifrada en nombres y apellidos concretos. Se lo aseguro.
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