Las condenas a muerte en Estados Unidos caen al nivel más bajo desde 1976

Este es el paisaje ambivalente que dibuja el informe anual del Centro de Información de la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas inglesas), difundido la semana pasada. La pena capital hace de EE UU, el quinto país en número de ejecuciones, una anomalía en el mundo desarrollado y democrático.

Pese a que el apoyo ciudadano ha disminuido en los últimos años, siguen siendo más los que respaldan (un 49%) las ejecuciones que los que se oponen a ellas (42%), según una encuesta de Pew Research. Aún así, es el primer año en 45 en que ese apoyo es inferior al 50%.

La brecha social es visible en la política. El presidente estadounidense saliente, el demócrata Barack Obama, apoya la pena de muerte en casos extremos; el entrante, el republicano Donald Trump, la respalda sin matices. Mientras unos Estados nombraron en noviembre a fiscales que se oponen a las ejecuciones, otros hicieron lo contrario.

En el DPIC son optimistas. “Estados Unidos está en medio de un gran cambio respecto al castigo capital. Aunque puede haber ajustes y pasos hacia atrás ocasionales, la tendencia a largo plazo se mantiene clara”, escribe en el informe Robert Dunham, el director ejecutivo del centro. “Cada año el público está más incómodo con la pena de muerte”.

Ejecuciones solo en cinco Estados

La organización calcula que unas 30 personas habrán sido condenadas a muerte este año, un 39% menos que el año anterior. Y destaca que, por primera vez en más de 40 años, ningún Estado impuso diez o más sentencias a muerte. Solo cinco Estados han impuesto más de una.

Las 20 ejecuciones de 2016 representan un descenso de más del 25% respecto al año anterior. Solo cinco Estados acabaron legalmente con la vida de presos, el número más bajo desde 1983.

Uno de los factores detrás del descenso son los cambios legales en algunos Estados. El Tribunal Supremo consideró ilegales prácticas que fomentaban desproporcionadamente la pena de muerte en Arizona, Oklahoma y Florida, donde por ejemplo un juez podía anular el criterio de un jurado.

También contribuye al declive la dificultad de acceso a las sustancias que se utilizan en las inyecciones letales como resultado del creciente boicot de farmacéuticas europeas y estadounidenses. Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados en los últimos años a recurrir a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero para cometer las ejecuciones.

Pero ese bloqueo también propicia consecuencias indeseadas. Ante la ausencia de fármacos, los Estados experimentan con nuevas sustancias para matar. Hace dos semanas, un preso estuvo agonizando 13 minutos durante su ejecución en Alabama al suministrársele un sedante que ya había ocasionado convulsiones en 2014 a un reo en Oklahoma.

Precisamente, los ciudadanos de Oklahoma aprobaron en referéndum en noviembre, con un 66% de votos a favor, una enmienda que permite al Estado usar fármacos en las inyecciones letales que no han sido autorizados por el Tribunal Supremo ante el temor de que la Justicia pueda considerar inconstitucionales las nuevas sustancias utilizadas actualmente.

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