31 de agosto, 2016 —
El número de trabajadores migrantes en América Latina ha pasado de 3.2 millones a 4.3 millones durante los últimos cinco años situación que supone desafíos que deben ser abordadas con urgencia, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al presentar en México el informe “La migración laboral en América Latina y el Caribe”, José Manuel Salazar, Director Regional de OIT, comentó que esa migración abarca en la actualidad 11 corredores principales, nueve de ellos entre países de la región y los dos principales extra-regionales son hacia Estados Unidos y España.
Según el documento, de un total de 45 millones de migrantes en Estados Unidos, más de 21 millones son de América Latina, mientras que en España casi 1.3 millones de residentes extranjeros provienen de América del Sur.
Salazar agregó que al interior de los países, “existe un claro divorcio entre las políticas de empleo y las políticas de migración laboral, y ahora es más urgente que nunca que se complementen”.
De un total de 232 millones de migrantes en el mundo en 2015, 150 millones son trabajadores migrantes. De ellos 27% (41 millones) viven en las Américas.
El Director Regional de la OIT señaló que la investigación realizada para el informe arrojó con claridad la existencia de varias tendencias de ese flujo migratorio. La primera de ellas es la feminización de la migración laboral, ya que las mujeres representan más del 50% de los migrantes laborales.
También existe una alta proporción de trabajadores migrantes en situación irregular y la mayoría de ellos laboran en la economía informal.
Salazar señaló que para los migrantes laborales hay un bajo acceso a la protección social y existe un número importante de estas personas que sufre abuso, explotación y discriminación.
El informe de la OIT recomienda a los países de la región promover una migración regular, segura y equitativa, así como formas de contratación justas.
Se requiere mejorar las condiciones laborales de los trabajadores migrantes y su formalización, promover una mejor gobernabilidad de las migraciones y un más sólido diálogo social en la materia, así como fortalecer los vínculos entre políticas de empleo y las de migración laboral.
