La comisión de investigación municipal del caso Taula –un supuesto blanqueo de capitales en el grupo del PP y presunto amaño de contratos municipales– parece condenada al cierre por inanición. La fase de comparecencias fracasó estrepitosamente después de que la mayoría de citados, o no se presentase o, una vez allí, no respondiera a las preguntas. De hecho, una de las conclusiones de los grupos que la forman será pedir que las comparecencias a las comisiones de investigación municipales sean obligatorias, ha anticipado el edil y presidente de la comisión, Carlos Galiana.
Estta comisión se creó en abril de 2015 para tratar de depurar responsabilidades políticas si las hubiera. También para introducir nuevos controles o ajustes en la normativa vigente para dificultar las irregularidades en la adjudicación de contratos municipales. La creación fue a propuesta del grupo Ciudadanos.
Los tribunales investigan en estos momentos, dentro del llamado caso Taula, un delito de presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal del PP de Valencia -9 de los 10 ediles están imputados por ello- y posibles irregularidades en la adjudicación de las obras de las Torres de Quart, los puentes de Trinidad y Serranos, de la Mostra de Cine, y del centro cultural de La Rambleta.
La comisión ha sufrido durante sus meses de funcionamiento, primero porque los citados no han colaborado en su mayoría y segundo porque la documentación de los expedientes investigados los tenía el juzgado. Han tenido que solicitar toda la documentación al juzgado que lleva el caso y, de momento, solo les ha llegado el expediente relacionado con la construcción de La Rambleta, con más de 10.000 folios. El resto están solicitados pero la justicia no los ha enviado al Consistorio.
«El 31 de enero valoraremos si seguimos pidiendo más documentación al juzgado. Porque las presuntas corruptelas no estarían en esos papeles«, ha dicho a la salida de la reunión el presidente de la comisión. Será una reunión a puerta cerrada en la que se tratará el funcionamiento de los grupos municipales; propuestas sobre contrataciones; y conclusiones sobre las comparecencias en la comisión.
Eusebio Monzó, portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento, ha reiterado que la comisión debe cerrarse y que las peticiones de comparecencias de funcionarios y concejales por parte de la comisión han sido injustificadas «porque es la justicia la que debe de actuar», ha dicho.
Narciso Estellés, del grupo municipal Ciudadanos, se ha mostrado contrariado al término de la comisión. «Hemos venido hoy a sacar conclusiones y hablar del expediente de la Rambleta, y nos encontramos con el debate de si se cierra o no la investigación. Volvemos al punto de partida», ha criticado apuntando en dirección al PP, PSPV y Compromís.
Estellés se ha mostrado partidario de que la comisión prosiga los trabajos y estudie los expedientes que le vayan llegando sobre las contrataciones bajo sospecha. «Toda la fase de documentación está viva. Además se han conocido nuevos datos sobre posible financiación irregular. Si hay que dirimir responsabilidades, hagámoslo».
