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Los comercios de los aeropuertos ganan el pulso a Aena por los alquileres

La pugna de los inquilinos de la red comercial aeroportuaria con el gestor toca a su fin. La oposición ha refrendado este jueves en el Congreso de los diputados la rebaja de los alquileres que cobra Aena a los locales comerciales de sus aeropuertos, que ahora deberán ajustarse a la caída del tráfico aéreo, una medida introducida hace una semana por el Senado en la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y que no contaba con el apoyo del Gobierno.

La enmienda ha sido apoyada por la bancada de la oposición en pleno: el PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts y Nueva Canarias. El PSOE, que en el Senado rechazó esta rebaja, ha asumido la derrota y ha optado finalmente por la abstención, al igual que su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

El conflicto, encallado durante meses se dirimía en sede judicial, donde las tiendas alquiladas en los diferentes aeropuertos se apuntaban las primeras victorias por separado, si bien, no eran definitivas, al margen de que los afectados buscaban una solución conjunta a la batalla.

EXIME LA RENTA MÍNIMA DURANTE EL PRIMER ESTADO DE ALARMA

Concretamente, la enmienda modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con Aena, eximiendo del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período del estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020).

A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que debe pagar el local quedará reducida proporcionalmente en función del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre respecto al tráfico aéreo registrado en 2019.

AENA HA «DESOÍDO OLÍMPICAMENTE» AL CONGRESO

Durante el debate parlamentario, la diputada del PP ha defendido la modificación de los contratos para ajustarlos al tráfico pues, ha dicho, «es algo justo, razonable, equilibrado, legal, y ajustado al interés general». Algo cuestionado por Manuel Arribas, del PSOE, que ve la modificación contraria a la legislación vigente y anticipa inseguridad jurídica.

«La situación de Aena no se puede entender», ha abundado Ferrán Bel (PDeCAT), mientras que Ignacio López-Bas, de Cs, ha señalado que Adif sí ha adoptado medidas similares a la enmienda en cuestión. «Aena no debiera haber desoído olímpicamente la voz de la soberanía popular», ha aseverado Joan Capdevila (ERC), recordando que, por unanimidad, ya se pidieron «acuerdos razonables». También ha criticado el «sentimiento de superioridad» del operador aeroportuario Pedro Quevedo (NC).

«TIENE USTED QUE NEGOCIAR, SEÑOR LUCENA»

«Esto no debería haber llegado aquí», ha corroboradado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, que cree que «el Estado debería tener una actitud ejemplar» a la hora de modificar los contratos ante esta situación sobrevenida y que, con la enmienda, «se lanza un poderoso mensaje»: «Tiene usted que negociar, señor Lucena», en referencia al presidente de Aena.

El PNV, que se resistió a apoyar la enmienda en el Senado, ha apostado por avalarla en el Congreso por una cuestión «de equidad», ha defendido Iñigo Barandiaran, recordando que las Administraciones han exigido al sector privado adaptar los contratos de alquiler a los comercios

LA CÁMARA PIDIÓ EN JUNIO «ACUERDOS EQUILIBRADOS»

Durante el pasado mes de junio, el Congreso aprobó por unanimidad en su Comisión de Hacienda una iniciativa no legislativa, a propuesta de Esquerra Republicana, para exigir «acuerdos equilibrados» con los negocios ubicados en los aeropuertos.

Precisamente a esa iniciativa alude CC en la enmienda aprobada por el Senado, criticando en su justificación que «este mandato unánime del Congreso no sólo ha sido desatendido por Aena, sino que en muy buena medida el conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas», señala, denunciando que Aena exige el pago íntegro de la RMAG y fuerza la apertura total de locales «con la amenaza de la imposición de graves penalidades en caso contrario y la resolución de los contratos».

SUPERVIVIENCIA DE EMPRESAS Y EMPLEOS

Las organizaciones de afectados contrarias a la medida unilateral de Aena alertaron de 12.000 empleos en el aire porque una gran mayoría de estos trabajadores (el 75%) siguen en situación de ERTE por la abrupta caída del tráfico de pasajeros del 72% en 2020, debido a las restricciones a la movilidad para combatir la propagación del virus.

La decisión de Aena de aplicar el RD 35/2020 a los operadores de retail y hostelería que alquilan los espacios comerciales en los aeropuertos ponía en riesgo empleos, negocios y la propia imagen de dinamismo y modernidad de la red aeroportuaria a través de la que se traslada a millones de viajeros cada año, según explicaban fuentes del sector.

Las exigencias de los comercios afectados se centran en «un acuerdo que, en esencia, vincule las rentas a la evolución del tráfico y así se garantice la supervivencia de las empresas y el mantenimiento tanto de los puestos de trabajo como del servicio de calidad que siempre las ha distinguido».