LA HABANA, Cuba.- El Sistema Tributario cubano, según medios oficialistas, ha sido diseñado por el Estado con el fin de obtener contribuciones que le permitan garantizar su sostenimiento y las inversiones de carácter público, cuya magnitud y procedencia depende de las condiciones concretas del país en sus diversas etapas históricas.
Con el auge del trabajo por cuenta propia, el incremento de la inversión extranjera y el crecimiento del sector privado destinado al turismo, más de la mitad del presupuesto nacional proviene de los impuestos recaudados. En el año 2017, el 75% de esa cifra consistió en aportes tributarios; provenientes en su mayoría de empresas estatales, mixtas y extranjeras.
Pero más de 4 mil millones y medio de pesos (160 millones USD aproximadamente) correspondió a los impuestos sobre el Trabajo por Cuenta Propia, las Cooperativas no Agropecuarias y otras formas independientes de gestión que tienden al crecimiento dada la ineficacia y bajos salarios del sector estatal.
A seis años de aplicada la Ley 113 del Sistema Tributario, los nuevos actores que se han insertado en la economía nacional muestran un profundo desconocimiento acerca del tema, no están de acuerdo con la carga de impuestos que el Estado aumenta a placer, e ignoran en qué se invierten los mismos. CubaNet entrevistó a trabajadores por cuenta propia y dueños de pequeños negocios quienes, en su mayoría, suponen que el dinero recaudado por la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) se invierte en Salud Pública y Educación, programas costosos y de altísima demanda subsidiados por el gobierno cubano desde 1959.
Pero considerando la permanente falta de recursos que azota a los centros de atención médica; las malas condiciones constructivas que presentan muchas escuelas y el estado general del país, buena parte de la población, sin importar para cuál sector trabaja, se pregunta adónde van a parar los millones de dólares que el gobierno recauda por concepto de tarifas fiscales.
Nunca se ha explicado en detalle quién dispone y cómo se maneja la inversión de los impuestos; o sobre qué parámetros se determina la prioridad de algunos programas sociales, supuestamente financiados para el bienestar colectivo. El impuesto es concebido como una suma total que se destina a sectores específicos, sin tener en cuenta que cada contribuyente espera ver al menos una parte de su diezmo invertido en acciones que optimicen la calidad de su trabajo.
Para un taxista es indignante pagar casi mil pesos mensuales por concepto de licencia, más el impuesto y la declaración jurada anual, mientras tienen que conducir por calles desbaratadas. Asimismo, dueños de cafeterías y pequeñas paladares preferirían que sus dineros fueran invertidos también en el saneamiento de la capital, muy necesitada de labores de higienización, reparación y embellecimiento.
Nadie se opone a que grandes sumas sean destinadas a Salud Pública, Educación y Seguridad Social. Pero es evidente que algo no está funcionando bien cuando en los policlínicos y hospitales faltan reactivos para realizar análisis de sangre; los padres deben comprar de todo para las escuelas de sus hijos y los jubilados apenas sobreviven con una pensión simbólica.
Las escasas obras sociales que actualmente se llevan a cabo no justifican la evaporación de tantos ingresos sin que mejore la vida ciudadana. Pintar fachadas de edificios, o rehabilitar establecimientos estatales para que continúen ofreciendo sus limitados productos y lamentables servicios, no beneficia a sectores que quieren comprobar la utilidad real de su aporte.
La gestión privada en Cuba transcurre en circunstancias adversas, enfrentando problemas que van desde el abastecimiento hasta las ataduras que impone una legislación tan retrógrada, enrevesada y monolítica, que resulta incompatible con cualquier mecanismo de desarrollo económico a corto o mediano plazo.
Considerando o no la situación social del país, Cuba está cambiando. La Ley Tributaria de la que apenas se aplica una pequeña parte, será implementada en su totalidad y los cubanos, acostumbrados solo a pagar una tarifa sobre los ingresos personales, tendrán que familiarizarse con impuestos sobre la propiedad, el consumo, las ventas y un largo etcétera, sin que las personas obligadas a pagar reciban una contraprestación específica.
El gobierno cubano se caracteriza por muchas cosas; pero sobresale por su pésima capacidad administrativa. De ahí que resulte imprescindible alcanzar una mayor participación ciudadana para controlar la inversión de los impuestos y, especialmente, ejercer el derecho de saber hasta qué punto la sociedad es beneficiada por las decisiones gubernamentales.
