LA HABANA, Cuba.- Recuerdo mi cese como miembro del flamante “órgano supremo” de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos: la Asamblea General, que integran delegados electos en cada unidad por los abogados. Me convertí en miembro de ella en 1990.
Para la reunión de 1992 escogieron un teatro apartado; contra lo habitual, no se invitó a la prensa nacional. ¿La razón?: Al rato comenzó un “acto de repudio” dirigido contra mí (después supe que los dirigentes habían estado orquestándolo durante una semana). Se sucedían los ataques verbales contra mi persona, mientras yo mantenía el brazo levantado pidiendo la palabra. “¡Que se vaya! ¡Que se vaya!”, repetía el coro.
Al cabo de un buen rato —creo que diez minutos—, me concedieron la palabra. Lo sucedido, expresé, demostraba que faltaban las condiciones mínimas para el libre ejercicio de mis funciones como delegado; por esa razón yo había decidido retirarme de la sesión. Después supe que, tras mi marcha, los congregados —por unanimidad, como sucede en cualquier país comunista que se respete— adoptaron un acuerdo… ¡echándome de la reunión!
He recordado esa anécdota al leer sobre la reacción que tuvo el señor Jorge Arreaza en la reciente reunión de la OEA. Cuando más de la mitad de los países representados (aunque menos de los dos tercios) votaron en contra de su gobierno, el flamante “Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores” de Venezuela anunció que su país… ¡se retiraría de la organización continental!
O sea: sucedió con él exactamente lo contrario que conmigo. “No es lo mismo, pero es igual”, diría Silvio Rodríguez.
A Arreaza sólo le faltó expresar su despecho con la manida (y ridícula) frase: “De mejores lugares me han botado… y me he ido”. También tuvo el desparpajo de tuitear una falsedad: “La emboscada planificada con la resolución Pence fue derrotada”. Frente a ello, el Vicepresidente norteamericano, con mayor apego a la verdad, planteó por la misma vía que se trató de una “victoria por la libertad”.
La importante decisión, que recibió 19 votos a favor y sólo 4 en contra (entre ellos el del mismo Arreaza), prosperó gracias a la propuesta formulada por Estados Unidos y respaldada por el Grupo de Lima, al que pertenecen los países mayores y los más prestigiosos del continente: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, México y Perú, entre otros.
En este asunto, de primordial importancia ha sido también la labor del secretario general Luis Almagro. Este ilustre uruguayo es un hombre proveniente de las izquierdas: fue canciller del gobierno del Frente Amplio. Pero de manera digna siempre ha antepuesto la observancia de los derechos humanos a cualquier interés coyuntural de su bandería.
Recuerdo haber seguido por TeleSur un debate suscitado por las posturas del Ecuador correísta y de la propia Venezuela chavista, que se pronunciaban en contra de los órganos de la OEA encargados de defender esos derechos. Las motivaciones de esos gobiernos extremistas eran mezquinas: eludir acusaciones formuladas contra ellos mismos por violarlos.
En medio de la retórica virulenta dirigida contra la Comisión y la Corte interamericanas de esa especialidad (a las que se acusaba de injerencistas), Almagro recordó que, cuando el Uruguay gemía bajo la dictadura, eran precisamente esos órganos de la organización continental los que amparaban a los perseguidos y defendían los derechos conculcados.
La resolución ahora adoptada, entre otras cosas, reitera que ha ocurrido una alteración “del orden constitucional” en Venezuela, declara que el reciente proceso de elecciones presidenciales “carece de legitimidad”, y urge al gobierno de ese país a “permitir el ingreso de ayuda humanitaria”, así como a “dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población”.
Como colofón de esos y otros planteamientos contenidos en los primeros nueve puntos de la resolución, se acordó “aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21”.
Al adoptar esa decisión, el bloque continental ha dado un paso importante en la defensa del sufrido pueblo venezolano y en contra del régimen tiránico que lo desgobierna.
Esperemos que, en la reunión extraordinaria que se convoque con ese fin, se alcance la mayoría de dos tercios que exige la misma Carta Democrática Interamericana. Para ello haría falta que cambiaran su voto algunos de los pequeños estados caribeños que en esta ocasión optaron por abstenerse o votar en contra de lo propuesto. (¡Oh, maravillas obradas por los buchitos de petróleo que los chavistas sustraen a los venezolanos para regalarlos a esa clientela de países liliputienses y comprar así su lealtad!).
Desde luego, cabe esperar que también voten a favor países hispanoamericanos como Ecuador (que bajo Correa habría apoyado sin dudarlo a Maduro, pero que ahora, presidido por Moreno, ha adoptado posturas muchísimo más constructivas) y Nicaragua (que, ¡quiera Dios!, para esa fecha se habrá librado ya de la tiranía de los Ortega que hoy la ensangrienta).
