Amnistía Internacional lanza campaña por el activista Jorge Cervantes Cubanet

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Jorge Cervantes (Foto: Martí Noticias)

MIAMI, Estados Unidos.- La organización Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una campaña pidiendo la liberación “inmediata e incondicional” del activista Jorge Cervantes, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) preso en cárceles del régimen.

AI califica al opositor como “preso de conciencia” y pide además, en su página web, que se le garantice asistencia adecuada y “en cumplimiento de la ética médica, incluyendo los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento informado”.

Cervantes fue detenido el pasado 23 de mayo, luego de acusar al teniente coronel Reinaldo Jiménez por tres allanamientos que practicó en su vivienda, calificados por el opositor como “robos”.

Internado en la prisión de Potosí, en Las Tunas, rechazó llevar el uniforme de preso común. Debido a ello las autoridades del penal lo metieron en una celda de castigo y entonces Cervantes se negó a probar alimentos.

Posteriormente, y ante el agravamiento de su salud, fue trasladado al hospital Ernesto Guevara de esa provincia, donde los médicos comenzaron a temer que su prolongado ayuno le provocase un fallo renal.

Después de 39 días, Cervantes abandonó la huelga de hambre, el pasado 1ro de julio. Fue trasladado entonces para la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana, a cientos de kilómetros de su lugar de residencia en Las Tunas.

Amnistía exigió asimismo que el opositor pueda ver “con regularidad y sin demora” a su familia y abogados de su elección.

La organización humanitaria recuerda que los delitos de desacato y desobediencia de los que se acusa a Cervantes “se utilizan con frecuencia contra defensores de derechos humanos y activistas políticos en un intento por sofocar la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación en Cuba”.

En su página para la campaña por Cervantes, Amnistía Internacional ha facilitado los números para contactar al gobernante cubano, Raúl Castro, y al fiscal general, Darío Delgado, así como a la ministra de Justicia, María Esther Reus.