MIAMI, Estados Unidos.- “Hasta nueva orden” quedó pospuesta la ejecución de José Antonio Jiménez, un hombre condenado a pena de muerte por el asesinato de una mujer en 1992, según documentos judiciales.
La pena capital estaba prevista para este 14 de agosto, sin embargo, la Corte Suprema de Florida dejó en suspenso la orden, la cual había sido firmada por el gobernador de Florida, Rick Scott, el 18 de julio pasado.
De acuerdo a la nota publicada por la agencia de noticias EFE, el abogado del reo, Marty McClain, había solicitado un aplazamiento y el alto tribunal se lo concedió por unanimidad en un documento fechado el 10 de agosto en el que no se especifican las razones de la decisión.
No obstante, el abogado de Jiménez indicó a la prensa que la Corte Suprema va a analizar cuestiones relacionadas con el método de ejecución y otras sobre la forma en que se obtuvieron las pruebas incriminatorias contra Jiménez, quien fue condenado en 1998.
Jiménez, de origen hispano y de 54 años, fue condenado a la pena máxima por el asesinato a puñaladas de Phyliss Minas, una mujer de 63, quien le descubrió cuando había entrado a robar en su casa de North Miami el 22 de octubre de 1992.
Jiménez estaba bajo arresto domiciliario cuando sucedió el crimen, y fue relacionado con el hecho por las huellas dactilares halladas en casa de Minas, según información de la época. Sin embargo, después de estar recluido, el hombre fue condenado también por el asesinato de otra mujer, Marie Debas, ocurrida en 1990 en Miami Beach.
La ejecución de Jiménez se había atrasado anteriormente por diversas razones, entre ellas un fallo de la Corte Suprema de Justicia de EEUU de 2016 en el que declaró “inconstitucional” la forma de decidir la pena de muerte en este estado y determinó que un juez necesita la recomendación unánime del jurado a la hora de imponer la pena capital a un reo.
Hasta ese fallo, en Florida, al igual que en Alabama y Delaware, no se requería un veredicto unánime del jurado para sentenciar a un reo a muerte.
El gobernador Scott y el poder legislativo de Florida tuvieron que realizar cambios a la ley estatal a raíz de esa decisión y por posterior orden de la Corte Suprema de Florida. Entretanto unos 400 condenados a muerte quedaron en un limbo legal, hasta que la Corte Suprema de Florida determinó en diciembre pasado la revisión de unas 200 de esas sentencias.
La última ejecución en Florida fue el pasado febrero.
