LA HABANA, Cuba.- Hace poco se celebró en la ciudad de Camagüey, zona ganadera por excelencia en Cuba, una reunión acerca de la situación que afrontan las ganaderías bovina y menor, calificadas por las propias autoridades como “dos de las actividades donde menos se ha avanzado en los últimos años”. La reunión contó con la presencia de altos miembros de la nomenclatura, como los vicepresidentes José Ramón Machado Ventura, y Salvador Valdés Mesa.
Sin embargo, en la propia cita el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, apuntó que existían infraestructura, capital humano y cultura ganadera para impulsar el desarrollo del sector y dar un vuelco a los resultados productivos. Una meta que, no obstante, se dificultaría por el hecho de que el rebaño bovino —el de más interés para el gobierno— se halla muy disperso: el 85% en manos del sector cooperativo-campesino.
A decir verdad, esa afirmación de que el grueso del ganado está en manos ajenas al gobierno es solo en teoría, pues son los gobernantes del país los que deciden el destino final de esas reses y las producciones que de ellas se deriven. No importa si la vaca o el toro pertenecen a un campesino individual, o a alguna cooperativa.
Lo anterior quedó confirmado mediante uno de los planteamientos de los asistentes a la reunión: “La necesidad de mejorar el proceso de contratación de toda la carne y la leche que se produce a escala territorial, y exigir su cumplimiento, para garantizar el suministro planificado a las industrias lácteas y cárnicas, y combatir el desvío de las producciones hacia otros destinos no lícitos” (“Se abre paso una manera diferente de actuar”, en periódico Granma, edición del 13 de octubre).
Es decir, que los dirigentes del país exigen que los propietarios del ganado bovino le vendan al Estado toda la producción, sin que quede ni un margen para comercializarla libremente. Y ya sabemos que, en el caso de la carne de res, el Estado la dedica a abastecer los hoteles que alojan a los turistas internacionales, y en menor medida la sitúa en algunas Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), a precios inaccesibles para el cubano promedio, ya que un kilogramo de ese producto cuesta el equivalente a nueve dólares, o sea, casi la tercera parte del salario medio mensual del país.
En esas condiciones al ciudadano de a pie le resulta muy difícil llevar a su mesa la carne de res. Mas, si eso ocurriese, es probable que las autoridades, con la ayuda de los chivatos del Comité de Defensa de la Revolución de la cuadra, determinen que ello es consecuencia del “desvío de las producciones hacia otros destinos no lícitos”, con las consiguientes sanciones —multas y hasta años de prisión— para los comercializadores y receptadores de esa carne.
Por supuesto, lo que casi nunca sale a relucir en reuniones como esta es la responsabilidad del gobierno por la deplorable situación que exhibe la ganadería bovina en la isla. Deficiencias organizativas, no suministro de las cantidades adecuadas de comida y agua a los animales, así como errores de carácter voluntarista se aúnan para explicar la merma que ha sufrido la masa ganadera del país.
Basta con un solo dato. Según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) al cierre de septiembre de 2017 había 3 millones 955 mil cabezas de ganado vacuno en el país. Si cotejamos esa cifra con los aproximadamente 12 millones de habitantes que tiene la isla, eso arroja que hay una vaca por cada tres cubanos.
Al inicio de la República, en 1903, había en la isla un millón 224 mil cabezas de ganado (1). En aquel momento la cantidad de habitantes era de alrededor de un millón 811 personas, lo que equivalía casi a una vaca por cada cubano.
