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CIDH denuncia que el régimen de Ortega es un estado policial

Fuerzas militares en Nicaragua. Foto archivo

MIAMI, Estados Unidos.- Después de casi cinco meses de instalada la mesa de negociación con la que se espera superar la crisis que estalló hace más de un año en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por la “continuación de la represión” en el país, informó la agencia de noticias EFE.

La CIDH lamentó la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población, así como para superar la situación de impunidad respecto las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzaron las protestas.

El organismo señaló en un pronunciamiento la persistencia del estado policial en Nicaragua “caracterizado por la prohibición de las protestas sociales y afectaciones a otros derechos por actos de estigmatización, ataques y agresiones, asedio y la continuación de detenciones arbitrarias en todo el país”, reza la nota.

Durante el primer semestre de 2019 el Estado de Nicaragua rechazó todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y mantiene un despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos para evitar cualquier protesta o forma de manifestación.

Así mismo, la CIDH sostuvo que en mayo y junio pasado el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni) de la organización documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión, para contrarrestar e inhibir las formas de protesta improvisadas por la población, entre otras, por medio de la toma de represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, o bien con el asedio permanente a plantones exprés, incluyendo en celebraciones religiosas y misas.

Las restricciones impuestas a la protesta y los actos para amedrentar cualquier tipo de reunión que pudiera derivar en manifestaciones, incluidas las celebraciones religiosas, afectan los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la libertad de religión, asegura además la nota.

La CIDH demandó al Estado de Nicaragua cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Además, desmantelar “los grupos parapoliciales” y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

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