LA HABANA, Cuba.- El Decreto Ley 349, publicado en días pasados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, se refiere a lo que las autoridades de la isla denominan “Contravenciones en materia de política cultural”, Unas acciones que, de ser calificadas como muy graves, conllevan multas de hasta dos mil pesos, y el posible decomiso de los instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes empleados en el hecho artístico.
En una de sus partes, la referida Ley establece que “Constituyen contravenciones el proceder del que apruebe o permita la realización de servicios artísticos o la utilización para ello de medios e instalaciones pertenecientes a su entidad, sin que dichos servicios hayan sido aprobados y contratados por la institución cultural a la que corresponda ejercer esa función”.
El párrafo anterior, así como otros de ese documento legal, se encaminan de una manera velada a combatir el denominado “Intrusismo Profesional”. Es decir, el ejercicio artístico por parte de personas que no hayan estudiado en las escuelas de arte de la isla, o que no se encuentren adscriptas a ninguna de las entidades pertenecientes al Ministerio de Cultura.
Se trata de una disposición que le cierra las puertas al talento artístico que no se halle vinculado con el oficialismo. Una medida profundamente injusta y errónea, pues la vida ha demostrado que en el arte vale tanto -y a veces más- la aptitud innata de una persona que la formación académica que pueda recibir.
Cuántos ejemplos de consagrados escritores, pintores y músicos que llegaron a la cúspide sin formación académica, o que inicialmente estudiaron para desempeñarse en otros sectores de la vida social. Entre nosotros sobresale el caso de Benny Moré, un hombre que no estudió música, pero su genio le permitió dirigir su propia orquesta, y clasificar como el mejor cantante cubano del siglo XX según la mayoría de los especialistas en la materia.
Sin embargo, mientras eso sucede en materia artística, la maquinaria del poder continúa estimulando a su conveniencia el intrusismo en lo político y económico. Ahí tenemos al segundo hombre en la nomenclatura partidista, el médico José Ramón Machado Ventura, convertido en todo un “experto” en el tema azucarero y agropecuario. Machadito desanda el país diciéndoles a los campesinos que llevan años pegados al surco cómo deben sembrar las tierras, y a los cincuentenarios azucareros cómo hacer zafras más eficientes.
Y qué decir de Ramiro Valdés Menéndez, un hombre de dudosa formación profesional al margen de su accionar en los aparatos represivos del castrismo, y que actualmente les brinda orientaciones a los ingenieros de las minas de Moa, o a los especialistas de las centrales eléctricas del país.
Semejante panorama no es más que la continuación de una política iniciada con la designación del Che Guevara como presidente del Banco Nacional de Cuba, y después como ministro de Industrias. Otra modalidad ha consistido en premiar con importantes responsabilidades a personas que participaron en la lucha antibatistiana, pero no aptas para desempeñar dichos cargos. En ese contexto fueron notorios los casos de los comandantes Guillermo García y Antonio Enrique Lusson como ministros del Transporte, y de la señora Haydee Santamaría, que no rebasaba la enseñanza primaria, y a la que se le encomendó la dirección de una institución cultural como Casa de las Américas.
