LA HABANA, Cuba. – Aurelio González Blanco es un abogado de 51 años que pretendió ser el primer presidente de la República de Cuba electo directamente por el pueblo y terminó convirtiéndose en preso político condenado por tiempo indefinido. “El juicio quedó inconcluso”, dice su esposa, Mariela Pérez González, quien ya le ha dicho a la abogada Maricela García Melo que está cansada de llamar y recibir la misma respuesta.
González Blanco proponía “un sueldo mínimo legal” equivalente a 300 CUC (7200 CUP) y que “no existirán intermedios en el mercado laboral”, más un sueldo máximo sin límites; hablaba de aumentar las pensiones de los jubilados, de crear y reconocer la empresa privada, que “todas las empresas estatales autofinanciadas se convertirán en empresas de participación social” y propuso la repartición del 50% de estas empresas entre sus trabajadores.
En la campaña de González Blanco se incluía también la creación de empleos, la descentralización de la economía, se hablaba de la alimentación, de la vivienda y de los niveles de pobreza extrema.
Sin embargo, fue detenido el 17 de abril de 2016. Primero, fue trasladado al Centro Penitenciario de Taco Taco, en Artemisa, bajo la medida cautelar de Prisión Provincial por supuesto Atentado y Resistencia. Sin haber sido juzgado iba a ser trasladado a la “celda disciplinaria” por “indisciplinas cometidas” que nunca se describen.
Finalmente, González Blanco fue condenado a 2 años y 6 meses y luego trasladado a la provincia de Granma, donde su esposa solo lo puede ir a visitar “cuando la niña está de vacaciones”. La última vez fue en julio, hace cuatro meses.
“Ahora voy a aprovechar a ver si me dejan verlo, porque un primo mío fue y no lo dejaron pasar”, denuncia Pérez González.
Inconformidad ante las acusaciones
Según relata Alain Mojena Betancourt, abogado que lo representó en aquella ocasión, él día 18 de abril de 2016 sucedieron demasiadas cosas y los documentos tienen demasiadas imprecisiones para que algo de lo narrado sea verdad.
La primera contradicción, aunque el abogado la haya dejado para último, es la del Resumen de Investigación Complementaria, donde “refiere que ha sido objeto de trabajo por parte de la PNR y el Jefe de Sector. Contradictoriamente, señala que no le obra antecedentes penales ni policiales” y exige que se mencionen las “personas de mala conducta con las cuales se relaciona y cuáles son las manifestaciones de conducta desajustada”, aunque se podría deducir que se habla de la relación de González Blanco con opositores y de su empeño por ser Presidente de la República.
“El acusador”, como lo llama Mojena Betancourt, asegura que “las acciones” ocurrieron “en fecha 18 de abril de 2016 a las 3:00 pm”, pero el abogado demuestra que el Certificado Médico de Lesiones “fue firmado a la 1:30 pm por la Doctora Naylen Delgado Suárez” y asegura también que el documento no tenía ni “asentamiento o registro de la institución de salud que lo emitió” ni fecha que avale que ocurrió el mismo día.
En el Acta de Inconformidad también aparece otro supuesto lesionado, Juan Carlos García, pero en este caso el Certificado está “carente del cuño del facultativo que atendió al paciente. Además, el cuño de la entidad no es legible y tampoco coincide con el correspondiente a la foja 7”, que es la prueba anterior presentada contra el activista.
En el empeño de realizar una autodefensa, González Blanco llenó de anotaciones los documentos que presentó el abogado ante el tribunal municipal. En ellas asegura que hay que buscar el “Acta de Detención del día 17 de abril de 2016 (10:00 am), la cual fuera confeccionado ese día y que está en poder del Jefe de la PNR”. Propone, además, que se busque en el “Libro de Detenciones de esa fecha y en otro libro que lleva el oficial de guardia” para demostrar que desde el día antes de la acusación estaba detenido en la estación de policías de San Cristóbal.
En los apuntes cuenta también que el 18 de abril de 2016 fue interrogado sin que se le hiciera acta de detención, como tampoco se le registró en el libro de ocupaciones ni en el libro del oficial de guardia”.
Asimismo, González Blanco propone presentar una lista nueva de testigos y de “pruebas fílmicas” que tiene en su poder y asegura en sus notas al margen del documento de inconformidad que no existe delito, ni resistencia, ni desobediencia.
Amenaza de muerte y traslado
Deinier Martí Martínez Espinoza fue quien “redujo a la obediencia” al abogado porque era el “Jefe de Colectivo en la especialidad de Tratamiento Educativo” de Taco Taco. Según describe en la Conclusiones Provisionales del Fiscal, González Blanco lo “cogió fuertemente por el cuello y por la camisa, lo empujó y a consecuencia de ello le rompió la camisa, siendo necesario el uso de la fuerza para reducirlo a la obediencia”.
No obstante haber sido “reducido a la obediencia” en aquella ocasión, el abogado presentó una denuncia el 31 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía Militar Región Artemisa, la Fiscalía General de la República, Fiscalía Militar Principal e Instituciones del Gobierno, por las amenazas de muerte de Martínez Espinoza, alias “Blanco”. En la queja, González cuenta cómo fue “reducido a la obediencia”.
“Este mismo oficial, junto con otros 8 militares, en la noche del 9 de junio de 2016, penetraron en la celda que yo ocupaba en la sección de los aislados y me dieron una salvaje golpiza en hombros, nuca y cabeza, reventándome el oído derecho”, denuncia González Blanco, quien asegura nunca recibió tratamiento médico pese al diagnóstico y que 6 de los oficiales no han sido “identificados por las autoridades” pese a haber sido denunciados en su momento.
El documento fue recibido por el capitán Álvarez López el 10 de enero de 2017 y la respuesta fue el trasladarlo a una prisión en Granma, donde se sabe muy poco de su situación.
Mientras, “Blanco” y los de su tipo siguen libres, la hija del González Blanco, una adolescente de 14 años, tiene miedo de perder a sus amistades porque dice que la seguían todo el tiempo y que, sobre todo al principio, la llevaban por gusto a la estación de policía.
