LA HABANA, Cuba. – Por supuesto que una de las medidas que más interés ha despertado entre las recientemente anunciadas por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez es la relacionada con el aumento de salarios en el sector presupuestado, así como el incremento de las pensiones a aquellos jubilados que reciben menos de 500 pesos al mes (unos 20 dólares).
Se trata de una decisión que sorprendió a la mayoría de los analistas que siguen de cerca el desarrollo de la economía cubana, pues el momento se presentaba poco propicio para ello. Desde hacía tiempo los gobernantes evadían el reclamo obrero acerca del aumento de salarios con el argumento de que no existía una contrapartida en bienes y servicios que sostuvieran una mayor masa monetaria en circulación. Un desbalance agudizado en los últimos tiempos debido a la alarmante escasez de artículos de primera necesidad que exhiben los establecimientos comerciales de la isla.
Comoquiera que los propios gobernantes advierten la posible profundización del referido desbalance, el señor Díaz-Canel completó su discurso con algunas ideas acerca de qué hacer para que la población pueda realizar su efectivo.
En primer término, se refirió a la utilización de instrumentos económicos como la potenciación de la industria alimentaria, así como otro grupo de bienes y servicios, entre los cuales podrían estar algunos vinculados con la recreación y el turismo.
Claro, el benjamín del poder es consciente de que el deseo no siempre coincide con la realidad, y por tanto mencionó también la aplicación de instrumentos administrativos -en este caso la coacción- en aras de que el aumento de liquidez en manos de la población no genere un proceso inflacionario en la economía.
En ese sentido, y tras afirmar que no puede haber incrementos de precios en el sector estatal, el mandatario aseveró que “tampoco puede haber incrementos de precios en el sector no estatal, y vamos a discutir con el sector no estatal para que entienda” (“¡Nos esperan tiempos de lucha intensa, de lucha abnegada; pero también de esperanza, de conquistas y, sobre todo, de victorias!”, en periódico Juventud Rebelde, edición del 30 de junio).
Semejante intromisión gubernamental en la formación de precios, sobre todo la concerniente al sector no estatal (trabajadores por cuenta propia y cooperativistas), entre otras cosas, contradice la esencia de algunos documentos partidistas, como los Lineamientos y la Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista, los cuales contemplan la existencia de espacios de mercado en la economía -claro, siempre subordinados a la planificación centralizada- donde los precios se forman de acuerdo con la relación entre la oferta y la demanda.
Pero, además, el Presidente parece no recordar que el establecimiento de precios máximos -o topados, como también se les dice- propicia la aparición de la economía sumergida (o bolsa negra), ese mal con el que hemos debido convivir los cubanos durante tanto tiempo.
Los productores o prestadores de un servicio, inconformes con el precio máximo establecido por las autoridades, ocultan su mercancía. Entonces se agudiza la escasez. Y a los consumidores, necesitados de ese bien o servicio, no les quedará más remedio que pagar, “por la izquierda”, el nuevo precio que decidan los primeros. La supuesta protección al consumidor se transforma en más incomodidades para ellos.
Por tanto, señor Díaz-Canel, haga que sus empresas produzcan más, y piense menos en coartar la iniciativa de los agentes de la economía, sobre todo los no estatales.
