LA HABANA, Cuba.- En medio de la difícil situación epidemiológica y de hambruna que vive el pueblo de Cuba, y como ha sido habitual en momentos de graves crisis, nuestros obesos y rebosantes dirigentes han dejado a un lado sus ropas de civil y han desempolvado sus uniformes verde olivo, más que nada como forma de amenaza, para que no olvidemos que vivimos hace más de 60 años bajo el rigor de una dictadura militar. Así pues, nuestras ciudades se han llenado de militares, unos uniformados y otros no, pero todos enfocados en perseguir, cazar y reprimir sin miramientos a cualquier ciudadano que aun por un instante no lleve nasobuco, o lo use descuidadamente.
Una de las orientaciones sanitarias que trasmiten los medios en tiempos de COVID-19 indica: “Recuerde usar el nasobuco cuando está fuera de casa”. Como en otras ocasiones, en lugar de apelar a la conciencia de nuestro pueblo revolucionario y disciplinado como tanto les gusta cacarear, las autoridades ejercen la fuerza bruta aplicando cuantiosas multas y hasta un año de prisión a las personas que reincidan, incluso sin una ley que respalde esas sanciones desproporcionadas.
Por estos días un matrimonio vecino salió a caminar un rato alrededor de las once de la noche. Al llegar a 16 y Concepción se sentaron en la acera para fumar un cigarro. Cuentan que de pronto apareció un individuo en moto que le mostró un carné y, de forma nada educada, inquirió al hombre por no tener el nasobuco puesto, e inmediatamente llamó al camión de la PNR y se lo llevaron preso. La esposa regresó muy alterada y entre gritos le contó a otra pareja de vecinos que estaba aún despierta lo sucedido, y que iba para la estación de policía de Aguilera. El esposo de la vecina se ofreció para llevarla, pues la caminata es larga. Alrededor de las 2:00 a.m., la vecina, preocupada al ver que no regresaban, llamó al esposo. Resultó que el camión aún no había llegado. Un rato después, venían como sardinas en lata. Los infractores fueron a parar directamente al calabozo y, después de imponerles 300 pesos de multa, los soltaron a todos.
He escuchado comentarios de que por las noches los agentes del orden salen a “cazar” a los ciudadanos indisciplinados que agarren sin nasobuco. A estas alturas también se ha hecho notorio que los uniformados son intransigentes, por lo que es mejor no responderles, pues fácilmente te acusan de desacato, y entonces las multas son de 1000 o 2000 pesos. Así le sucedió a Andry Frómeta, a quien se le había corrido la mascarilla mientras hablaba por teléfono con su esposa.
También se dice que estas multas son para recoger el dinero en circulación y así, de una forma u otra, aguantar un poco las colas. Hoy la población está desesperada, pues a la gran escasez generalizada de todo tipo se unen las medidas represivas, las grandes multas que repercuten en nuestro depauperado poder adquisitivo. A esto se le suma la gran incomprensión y la intransigencia gubernamental, y su proceder arbitrario al interpretar la legalidad a su criterio como si nuestro país fuera su feudo.
En el Granma del 7 de junio de 2020 Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), declaró: Respecto al uso del nasobuco, ello no sólo permite protegernos a nosotros mismos, sino a los demás. Por tanto, al incumplirse dicha medida se incurre en un acto que, por las condiciones epidemiológicas actuales, alcanza la categoría de delito. Probablemente alude a la ley de propagación de epidemias, ambigua como todas las leyes vigentes en Cuba, que nuestros gobernantes aplican según su conveniencia. En realidad su planteamiento es inexacto: los nasobucos que usamos la mayoría de los cubanos, hechos a partir de ropa vieja, no son efectivos para nuestra propia protección, sino que solamente protegen a los demás de nuestras secreciones al hablar. Aun así, por ser casi el único recurso a nuestro alcance, su uso es importante en el enfrentamiento al COVID-19.
Pero a pesar de las medidas represivas, persiste el riesgo de estar cerca de personas sin nasobuco, o que usen la mascarilla incorrectamente, lo cual resulta alarmante, frustrante y sobre todo peligroso. Y es que para erradicar este mal comportamiento se requiere en primer lugar de la constancia de las autoridades, además de persuasión, una adecuada información, y en última instancia aplicar las debidas amonestaciones, pero respaldadas por la ley y en cuantías razonables.
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