LA HABANA, Cuba.- Al final llegó lo que algunos temían. Lo que fuera solo rumor, como ha sucedido generalmente en Cuba, se ha transformado en ley y ha puesto a correr a unos cuantos bajo la disyuntiva de “Cooperativa o muerte”.
Los boteros (choferes de autos privados de alquiler) que siguieron al pie de la letra eso de que “cuando el río suena…” y se apresuraron a vender o cambiar sus “cacharros”, hoy se sienten algo aliviados porque al menos recuperaron lo que invirtieron en un negocio al cual el gobierno cubano le ha dictado sentencia de muerte.
Aunque algunos confían en que las nuevas transformaciones publicadas en la más reciente Gaceta Oficial, y que se harán efectivas casi finalizando el 2018, lejos de poner en jaque a los transportistas privados terminarán por ampliarles el espectro de operaciones en el mercado negro de piezas y combustibles, al vincularlos legalmente a instituciones y organismos estatales que son los eslabones fundamentales en la cadena de corrupción e ilegalidades, una buena parte de los choferes ha visto que la medida solo busca sofocar el emprendimiento individual bajo la fórmula de la “cooperativización”.
Ha sido la cooperativa la solución encontrada por el gobierno cubano no para aumentar los beneficios individuales mediante la agrupación gremial, como habría de esperarse en un contexto normal, sino para reproducir los viejos modelos de una empresa estatal que, si bien representa un obstáculo para el crecimiento económico, le asegura ejercer un mayor control sobre el individuo al menos en aquellos aspectos como la emancipación ideológica y la acumulación personal de capital, por mínima que fuera esta, que pondrían en peligro un sistema político cuya estabilidad se basa en el control de tales libertades.
Quienes están al tanto de cómo han funcionado las cooperativas estatales de taxis ruteros, a las que tendrán que vincularse tarde o temprano la mayor parte de los choferes particulares que prestan servicio de alquiler, podrán imaginar el trágico final que les espera aun cuando se les promete una participación de igual a igual en lo que el propio gobierno llama “un experimento” para el cual no se cuenta con lo necesario para que arroje resultados positivos en el futuro inmediato.
El centenar de taxistas estatales que, tras haber quedado sin empleo, se vieron obligados a inaugurar las cooperativas de ruteros son los que más pudieran saber sobre las dificultades que atravesarán las nuevas cobayas “agregadas” al experimento.
“Ni siquiera empezamos bien, ya a la semana la mitad de los carros estaban en el taller”, comenta un chofer de la Cooperativa 1, con base en La Víbora, municipio 10 de Octubre.
“Hay días que comenzamos el servicio con menos de diez carros en ruta porque son carros viejos y no soportan el queme (sobrexplotación) diario”, dice otro chofer de la misma empresa.
Por su parte, los usuarios se quejan del empeoramiento del servicio. Se escucha hablar sobre cosas que son muy fácil comprobar en el terreno. Desde la imposibilidad de cubrir la alta demanda en los horarios picos hasta la supresión de comodidades iniciales como el aire acondicionado en pos del ahorro de combustible, aun cuando las tarifas se mantienen inalterables.
En principio, algo ha sido reiterado hasta el cansancio por los funcionarios del Ministerio de Transporte: no hay suficientes piezas de recambio ni las habrá sobre todo para un parque automotor que con la inclusión de los “almendrones” se volverá tan disímil porque incluirá cientos de marcas y modelos para algunos de los cuales hace mucho tiempo, quizás décadas, los fabricantes dejaron de producir repuestos. Esto sin mencionar el límite a las importaciones de todo tipo, así como el magro presupuesto con que cuentan los organismos estatales para la actividad.
De entrada, los boteros que habrán de llegar últimos a las cooperativas estatales agregarán a esta desventaja la dificultad de poner al día sus viejas máquinas, casi todas con más de medio siglo de explotación, más cuando se incrementarán los controles del estado técnico, lo que los obligará a endeudarse con la propia cooperativa mediante la compra y adaptación de motores de uso que, como ha sucedido siempre, el Estado comprará como chatarra en el mercado internacional para luego revenderla como nueva en el mercado interno, en un negociazo que mejor, imposible.
El nuevo modelo de cooperativa impuesto como camisa de fuerza a los transportistas y que poco a poco se irá haciendo extensivo a todas las modalidades del sector de los “trabajadores por cuenta propia”, es más bien una estrategia de exterminio de la iniciativa individual que no solo expresa los temores del gobierno cubano a perder el control sino, además, su sospechosa persistencia en el error de no comprender cómo funcionan en verdad las relaciones entre las instituciones estatales y la economía subterránea.
