MIAMI, Estados Unidos. — El portal digital Yucabyte y el Proyecto Inventario reportaron un total 272 violaciones de derechos digitales en Cuba durante 2022, año en que el régimen de la Isla reforzó el acoso y persecución sobre activistas y defensores de derechos humanos.
Fueron precisamente actores de la sociedad civil independiente las principales víctimas de estas violaciones, que se manifestaron en cortes selectivos de datos móviles (149), inhabilitación de línea móvil (38), ciberacoso (37), multas por Decreto Ley 370 (21), reducción de velocidad de conexión (16) y decomisos de teléfono celulares (10).
“Los grupos más vulnerables en materia de derechos digitales en Cuba son principalmente activistas, periodistas y sus familias, así como el entorno de los presos políticos”, destacó Yucabyte, proyecto comunicativo cubano sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su impacto en la sociedad.
En el caso de los cortes de Internet, acción más utilizada por la policía política para limitar el alcance y la influencia de los activistas, suelen producirse tanto es fechas señaladas (como el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos) o durante jornadas de manifestaciones y protestas públicas.
Las violaciones de derechos digitales son visibles también a través del ciberacoso y los decomisos de teléfonos. El reporte de Yucabyte señala que son los periodistas son quienes más sufren ciberacoso; mientras que los familiares de presos políticos, activistas y periodistas son más vulnerables al decomiso de teléfonos celulares.
Para implementar la censura en Internet el régimen mantuvo durante 2022 otros resortes aplicados en años anteriores, como el Decreto Ley 370, a través del cual fueron multadas 21 personas.
Entre los periodistas y activistas que más violaciones reportaron se encuentran Luz Escobar, del diario independiente 14ymedio; y Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, miembros del Comité por la Integración Racial (CIR). Estos últimos han dirigido sus quejas varias veces a la Empresa Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), sin que hayan recibido respuestas claras por parte del monopolio estatal.
Es precisamente ETECSA el brazo tecnológico de la violación de derechos digitales en Cuba. En su condición de proveedor único de servicios de telefonía e Internet, la compañía trabaja abiertamente con la Seguridad del Estado para neutralizar a activistas y opositores, algo que reconoce la propia empresa, y así ha quedado recogido en los contratos a los clientes.
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