LAS TUNAS, Cuba. – Dos desalojos, violentos y arbitrarios, uno ejecutado por la policía política contra una familia opositora, y el otro, consumado por el Gobierno municipal contra una institución de Salud Pública, se produjeron la semana pasada en Puerto Padre, precisamente, el mismo día que la prensa oficialista reportaba las visitas del señor Díaz-Canel al Tribunal Supremo y a la Fiscalía General.
Recordarán los lectores la familia formada por Lariuska Molina Enamorado, Eliécer Góngora Izaguirre y sus dos hijos.
Pues bien, el pasado viernes 7 de diciembre, de víctimas de un hecho vandálico, Lariuska y Eliécer pasaron a presos en la Estación de Policía en Puerto Padre.
El pasado sábado 8 de diciembre, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó:
“Fructífero intercambio sostuvo el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros este viernes con los colectivos del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía General de la República de Cuba”.
Según Granma, el “mandatario cubano” (Díaz-Canel) acerca de su encuentro con jueces, fiscales y demás empleados de justicia, escribió en su cuenta de Twitter: “Compatriotas que preservan y defienden con su labor cotidiana la legalidad socialista”.
Mientras Granma publicaba las palabras de Díaz-Canel, gente adscripta a la policía política, ¿serían los mismos que echaron petróleo al agua de Lariuska, Eliécer y sus hijos?, sacaba al matrimonio del cuartel policial, los llevaban a su casa, donde residían amparados en el artículo 64 de la Ley General de la Vivienda, y con sus pertenencias ya recogidas, metían a Lariuska, a Eliécer y a los dos niños en el automóvil de un gendarme y los sacaban de Puerto Padre, desterrados.
Policías transformados en jueces supremos. Lo digo porque el destierro es una sanción accesoria que sólo puede imponer un tribunal de justicia, y no policías de pistola y carné del G-2.
Respecto a las palabras del “mandatario cubano” publicadas en la red social me pregunto: ¿En qué país vive el señor Díaz-Canel? ¿Puerto Padre no es un municipio de Cuba sobre el que tiene jurisdicción la Fiscalía General de la República y los jueces del Tribunal Supremo?
Lo pregunto, porque los desalojos que ahora acaban de ocurrir se asientan en la inacción de las instituciones superiores de justicia.
Fue el Gobierno de Puerto Padre (ver En Puerto Padre, ¿justicia o abuso de poder?) el que, en claro desafuero a las leyes vigentes, contrariando el decreto-ley confiscador, pretendió expropiar la vivienda de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, una paciente psiquiátrica con riesgos suicidas, para otorgar la casa de esa anciana a un integrante de la administración municipal.
Y son las autoridades de Puerto Padre las que ahora, incurrieron en otro hecho inaudito por su flaqueza moral, política y jurídica, aunque lleve ropaje de “acuerdo” del Gobierno municipal.
Asignando otro inmueble, esta vez a uno de sus vicepresidentes, el Gobierno de Puerto Padre nos recuerda al autor de un delito de usurpación agravada:
“El que, empleando violencia o intimidación en las personas, se apodere ilegalmente de un bien inmueble de ajena pertenencia”.
El inmueble, situado junto a la otrora farmacia del señor Arturo Diéguez, en la céntrica avenida Máximo Gómez, perteneció a la familia Vidal; durante años la vivienda fue utilizada como taller de prótesis dentales, adscripto a la Clínica Estomatológica.
Remozado y rehabilitado, el laboratorio-taller fue una de las instalaciones del MINSAP (Ministerio de Salud Pública) visitado por el secretario del Consejo de Estado y de Ministros, doctor Carlos Lage Dávila, poco antes de ser defenestrado.
Roto el techo por el huracán Ike, jamás se invirtió un clavo para recuperar esa instalación. Hasta hoy estomatólogos y técnicos, apretujados, hacen su trabajo en un local anexo a la clínica, hasta que en la planta alta se construya una dependencia para ellos, dicen.
Según dijo un empleado para este reportaje, el MINSAP, inexplicable e inexcusablemente, no mantuvo inscrito como medio básico (propiedad) el taller de prótesis, propiciando así su despojo leguleyo de la institución de Salud, y, en definitiva, que el inmueble fuera adjudicado como vivienda a un dirigente del Gobierno, en lugar de a uno de los tantos médicos, enfermeras y técnicos que carecen de vivienda.
En el taller de prótesis en desuso, los estomatólogos habían almacenado según las regulaciones de derecho ambiental, “desechos peligrosos” (agujas hipodérmicas, restos de plasma y otros residuos) “que por sus características físicas, biológicas o químicas representan un peligro para el medio ambiente y la salud humana”.
Las regulaciones de derecho ambiental conceptúan que los “desechos peligrosos” deben ser “recolectados, transportados y eliminados” bajo supervisión de Unidades de Medio Ambiente.
También la Clínica Estomatológica tenía en un lugar protegido del taller de prótesis, documentación de archivo no activo; y los directivos fueron llamados para entre otros asuntos, ser multados por los inspectores de la DIS (Dirección de Supervisión Integral) por mantener larvas de mosquitos.
Los directivos de la Clínica se encontraron más alarmados por lo que ante sus ojos comenzó a suceder que por la multa que los inspectores de la DIS pretendían imponerle.
Una brigada, compuesta por diez peones de servicios comunales, arremetió sobre los “desechos peligrosos”, que terminaron a cielo abierto, sobre una carreta.
Cuando una directiva de la Clínica protestó por el manejo de los “desechos peligrosos”, alguien dijo: “¡Esa vieja está loca!”
Y cuando la directora ordenó al administrador tomar fotografías de lo que allí estaba sucediendo, el administrador recibió un golpe y el teléfono celular con el que tomaba imágenes le fue arrebatado.
Otro empleado de la clínica también recibió un golpe, “un palo”, dijo alguien.
El guirigay fue de arrebato. Debieron escucharlo vecinos y caminantes. Vecina es la farmacia “Diéguez” y la Fiscalía Municipal. Caminantes… los de la muy transitada avenida Máximo Gómez.
De la brigada comunal llamaron al Gobierno, a un tal “Walter” (presidente del Consejo de Administración del Gobierno), a quien adjudicaron el taller de prótesis dentales para ser reconstruido como su vivienda.
“No, llama a tu jefe”, dijeron.
Dicen testigos que, con el golpe recibido y cuando le arrebataron el teléfono, el administrador de la Clínica (dental) ni se inmutó, sólo dijo: “No hay problemas, quédate con él, ahora voy y hago una denuncia por robo con violencia”.
Y dicen testigos que por estos días han visto al… Presidente del Poder Popular de Puerto Padre, pretendiendo pedir disculpas a personal de Salud, agredido por personal del Gobierno, por hacer servicios particulares, esto es, acondicionando un inmueble que fuera del sistema de Salud Pública no para un médico o una enfermera, sino para un funcionario del Gobierno.
Cabe preguntarse: Ante el tráfico de influencia, el cohecho, la usurpación, el abuso de autoridad, la prevaricación…, valga decir la anarquía, ¿basta con pedir disculpas?
Lo pregunto, porque ni con todas las disculpas del mundo, los “gobernadores” de Puerto Padre, y de Cuba, unos asentados en el llamado “poder popular” y otros encaramados en sus carnés de la (in) seguridad del Estado, desagravian a los ofendidos. Aunque Díaz-Canel hable de “legalidad socialista”.
Sólo existe un desagravio: que los arribistas vayan a lo suyo y personas con vocación de servicio público tomen el Gobierno en sus manos. Pero en esa tarea ni el viento ni la fuerza de gravedad ayudan. Hay que poner la manga al codo y de paso, meter el hombro.
