LA HABANA, Cuba. – Es indudable que un proyecto de desarrollo económico como el que tiene lugar alrededor del puerto cubano de Mariel, con incentivos fiscales y de otra índole en aras de captar la inversión extranjera, debe de resultar importante para cualquier economía. Así lo constató el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada a fines del pasado año, cuando afirmó que el gobierno desarrollaba allí “un amplio programa inversionista” en el dragado del puerto, los viales internos, el abasto de agua y otras infraestructuras.
Sin embargo, una cosa es reconocer esa importancia, y otra bien distinta es actuar en detrimento de los restantes sectores de la economía, tal y como están mostrando las propias estadísticas gubernamentales.
Según cifras emitidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), contenidas en el documento “Inversiones. Indicadores Seleccionados, Enero-Diciembre de 2018”, del total de las inversiones gubernamentales en el referido lapso, el 36,4% correspondieron a “Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler”, acápite donde clasifican las inversiones en la Zona de Desarrollo Mariel. En contraposición, el sector agropecuario solo recibió el 5,8% de las inversiones, la pesca el 0.2%, la explotación de minas el 2,7%, la industria azucarera el 2,1%, la industria manufacturera el 8,6%, la construcción el 10%, y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones el 8,2%.
Resulta difícil de entender que un país que aboga desesperadamente por aumentar sus producciones internas con el objetivo de minimizar las importaciones, en la práctica dedique tan pocos recursos para fomentar los sectores productivos de la economía. Se trata de un desequilibrio que nos hace recordar, por ejemplo, el desbarajuste que se formó hacia 1969-1970, cuando casi todos los recursos de la economía fueron destinados al intento de producir 10 millones de toneladas de azúcar.
Y ya que hablamos de inversiones, es conveniente recordar que ya resulta habitual que el país incumpla sus planes anuales. Las inversiones ejecutadas por 9 mil 300 millones de pesos en el pasado 2018 constituyeron solo el 85% del plan, lo que clasifica como uno de los mayores incumplimientos del último quinquenio.
Entre la gama de factores que influyen en semejantes resultados, y específicamente en lo referido al tema de las construcciones, no podemos dejar de mencionar la enorme fluctuación laboral —muchas veces de personal calificado— que afecta a infinidad de obras. Una situación que ha estado presente, incluso, en el polo turístico de Varadero, priorizado por las autoridades de la isla.
En estos momentos se han abierto oficinas para captar a ese personal calificado —albañiles, plomeros, electricistas, y técnicos de otra índole— con vistas a que se incorporen a las obras que se ejecutan en la Zona de Desarrollo Mariel.
Y, claro está, no son pocos los obreros y técnicos que responden afirmativamente a dicha convocatoria, pensando en las supuestas ventajas que podría reportarles la inversión extranjera que se espera sea abundante en ese proyecto económico. Pero si esa inversión no llega, o se torna lenta, pudiera sobrevenir la decepción de un colectivo laboral agobiado por las carencias de la vida diaria.
