LA HABANA, Cuba. – En los últimos tiempos, los medios en Cuba no se han referido mucho a la Unión Europea ni tampoco al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Sin embargo, en estos días se ha hablado, con análisis en los ámbitos jurídicos y prácticos, de la recién finalizada reunión bilateral en Bruselas sobre las medidas coercitivas unilaterales y el uso de medidas como medios políticos y económicos. También se abordó la visita a La Habana de altos funcionarios que, junto al embajador de la Comisión Europea en nuestro país, han sostenido reuniones con el vicepresidente Ricardo Cabrisas.
No obstante, aunque las informaciones que se desprenden de estos encuentros no son muy difundidas; siempre se trata de resaltar las buenas conexiones con frases como: “Destaca la Unión Europea proceso constructivo iniciado con relación bilateral”.
Sin embargo, todo parece indicar que una resolución promovida el pasado 15 de noviembre por fuerzas conservadoras y liberales en el pleno del parlamento europeo -aprobada con 325 votos a favor, 240 en contra y 44 abstenciones- ha traído el rechazo por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que, como ya se conoce, es la cara pública de las decisiones del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Los parlamentarios europeos redactaron un texto que critica el Proyecto de Constitución que se discutió hasta ese mismo día en Cuba. Al respecto plantean que: “carece de los elementos de inclusión, tolerancia y respeto de los derechos civiles y políticos fundamentales que podrían garantizar un proceso constitucional democrático”.
Con fecha del 7 de agosto, envié una carta abierta a la Unión Europea en la que explicaba de forma precisa que los derechos y libertades del pueblo no estaban incluidos en este proyecto, ya que no existe otra opción que no sea el sistema socialismo, todavía “constitucionalmente” irrevocable. Asimismo, los cubanos que no compartan las ideas reflejadas en el proyecto no estarían representados en la nueva legislación.
En ese momento no obtuve una respuesta, pero todo parece indicar que, transcurridos tres meses, han podido asimilar el compromiso negativo que representa esta nueva Ley Fundamental para las próximas generaciones de cubanos.
Ha habido también algunas “travesuras” europeas, hechas por recomendaciones de izquierdistas vinculados a la Comisión, como, pagar el transporte de los colombianos desmovilizados de la guerrilla de las FARC que se incorporaron a estudiar medicina en Cuba.
Estos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, arribaron a nuestro país gracias al apoyo de los europeos. Después que practicaron el terrorismo, ahora se prepararán para salvar vidas. Habría que esperara que terminen la carrera para poder asegurar que aplican sus conocimientos en bien de la humanidad.
Todo parece indicar que la mayoría ha logrado hacer entender a la Eurocámara que la situación en materia de derechos humanos y democracia en la isla no ha mejorado pese a haberse adoptado en el año 2017 el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la UE y Cuba.
En pos de que la nueva normativa permita -sin imponer restricciones- que toda la sociedad civil y los miembros de la oposición participen activamente en la vida política y social del país, hay que exigir que se cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en dicho acuerdo, en particular en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Si en varias ocasiones los Eurodiputados han tenido que condenar la detención arbitraria, la persecución, el acoso, los ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en Cuba, pueden estar convencidos que después de que deje de ser un proyecto y entre en vigor la nueva Constitución, el hostigamiento será mucho mayor, en particular para el pueblo, porque esta Ley de Leyes está diseñada para ello.
Como siempre, la dictadura salió a condenar la Resolución europea de injerencista y contraria a los principios de respeto, igualdad y reciprocidad contenidos en el ADPC; culpando a los opositores de ser los causantes de esta Resolución y calificándolos –según acostumbra- de asalariados de una potencia extranjera.
Si los que disentimos y nos oponemos en el país fuimos los promotores de que la Unión Europea reaccionara de forma crítica al Proyecto de Constitución, nos deberíamos sentir estimulados y orgullosos al respecto.
Lo que haría falta, como siguiente paso, es que la Eurocámara considere que el próximo 24 de febrero de 2019 no debe haber referendo, debido a que, además, no se convocó a una Asamblea Constituyente para la elaboración del proyecto.
De cualquier forma, esta reacción de una parte del viejo mundo no se debe quedar solo en un documento. Los que desde dentro y fuera de nuestra querida isla luchamos por la libertad y la democracia debemos continuar la labor de hacer comprender a los que pactan con la dictadura que la mano dura es lo único que respetan.
