GUANTÁNAMO, Cuba.- En toda república democrática la soberanía reside en el pueblo, el cual, mediante consultas, referendo, sufragio universal, opiniones reflejadas en la prensa libre, en los parlamentos y debates ciudadanos, hace valer sus pretensiones.
Desde 1959 y hacia lo externo, Cuba ha ejercido una soberanía dirigida a la confrontación con los EE.UU., oponiéndose en múltiples ocasiones a iniciativas y propuestas de ese país y de otros del mundo occidental, política ejecutada desde la guerra fría hasta hoy.
Cuando los “socialismos” estalinistas europeos se derrumbaron, el gobierno cubano continuó protagonizando esa actitud, cuyas consecuencias ha pagado con creces nuestro pueblo, al que jamás se le pregunta si está de acuerdo o no con la política internacional y doméstica que impone el partido comunista.
En cuanto al ejercicio de la soberanía hacia lo interno el gobierno cubano asegura que el pueblo es consultado sobre los aspectos importantes de la nación, algo cierto en parte pues las consultas al pueblo son excepcionales.
En realidad la soberanía cubana ha sido secuestrada por los comunistas porque un ejercicio verdaderamente soberano por parte del pueblo implica su participación activa en el control de sus instituciones y funcionarios públicos, en la elaboración y discusión de las principales leyes del país y ser parte efectiva en el control de su cumplimiento —por sí, por medio de representantes o especialistas que estén obligados a rendir cuenta de su actuación—; que pueda controlar la ejecución de los planes productivos e inversiones sociales y elegir, mediante el voto directo y secreto, a quienes optan por los principales cargos públicos del país, porque, como se afirma que alguna vez dijo Abraham Lincoln, ningún hombre es lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento.
En el caso de la actividad legislativa cubana su naturaleza es significativamente verticalista —de arriba hacia abajo— y despótica. Un estudio del Dr. René López Benítez, miembro de la Corriente Agramontista de Abogados Independientes de Cuba que dirige el Dr. René Gómez Manzano, titulado “Consideraciones sobre el ejercicio ciudadano del derecho constitucional de la iniciativa legislativa”, documenta que desde el 2 de diciembre de 1976 —fecha en que se constituyó la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)— hasta el momento de la redacción del trabajo en 2018, la ANPP había dictado 187 leyes (22.80%), el Consejo de Estado dictó 352 Decretos Leyes (42.92%) y el Consejo de Ministros 281 Decretos (34.26%).Según esos datos la iniciativa legislativa ha estado principalmente en manos del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, los que han dictado el 77.18 % de las normas.
En todo ese período ninguna ley ha surgido como fruto de la iniciativa ciudadana y el único antecedente con tal objetivo del que se tiene conocimiento —el Proyecto Varela presentado por Oswaldo Payá Sardiñas— fue boicoteado por la propia ANPP y la seguridad del Estado. Es decir, el órgano que presuntamente representa a todo el pueblo y que tiene como función principal legislar no sólo está muy a la zaga del poder ejecutivo en ese sentido sino que se presta a boicotear la iniciativa legislativa ejercitada por los ciudadanos, otra prueba de lo limitada que está la soberanía hacia lo interno en nuestro país. El artículo 88 inciso (g) de la Constitución vigente establece que la iniciativa legislativa —como derecho ciudadano— exige la firma de diez mil cubanos con derecho al voto para ser tenida en cuenta, aunque todo debe hacerse siguiendo un enrevesado mecanismo burocrático que la hace prácticamente inviable.
No se puede soslayar en este análisis que la ANPP no es, como afirma el artículo 69 de la Constitución vigente y propone el artículo 97 del Proyecto de Constitución, el órgano que representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana, porque es una instancia totalmente comunista subordinada al partido homónimo, donde están excluidos los intereses de los cubanos que no comulgan con esa corriente ideológica. La ANPP será realmente el órgano que representa a todo el pueblo cubano cuando en ella estén presentes todas las corrientes de opinión y partidos políticos.
Aun partiendo de ese eufemismo constitucional es evidente que el peso de la actividad legislativa no ha recaído jamás en estos 42 años de vigencia de la Constitución de 1976 en el —aparentemente— máximo órgano de poder del Estado, sino en los Consejo de Estado y de Ministros, lo cual demuestra que Cuba es un país donde la actividad legislativa está signada por los ucases del ejecutivo, no por el consenso popular, ni siquiera exiguamente representado por los diputados comunistas.
Otro aspecto que demuestra cuán limitada está la soberanía en nuestro país consta en el artículo 70 de la Constitución y en el 98 del Proyecto que actualmente se discute, donde se afirma que la ANPP es el único órgano con potestad constituyente y el único que puede reformar la Constitución. Es, indudablemente, otra prueba de la limitación de los derechos del pueblo pues, según los datos ofrecidos por el Colegio Electoral Nacional, en las pasadas elecciones a diputados a la ANPP fueron registrados 8 639 989 ciudadanos con derecho al voto y si la ANPP tiene 605 diputados , estos representan sólo el 0.0070023237 % y son ellos, y no el resto de los ciudadanos con derecho al voto, que representan el 99.9929976763 % de los electores, los que están autorizados para ejercer tan importante iniciativa, algo extraordinariamente discriminatorio.
Por último, si la soberanía reside en el pueblo y este —como elemento fundamental de la nación— tiene una marcada esencia histórica pues está formado por individuos circunscriptos a una temporalidad concreta, resulta inconcebible la imposición acerca de que el socialismo es irrevocable, pues ello anula la voluntad de generaciones de cubanos que todavía no tienen derecho al voto o no han nacido. Tal cláusula es, indudablemente, otro fiel reflejo de cómo los comunistas han secuestrado a nuestra soberanía.
