LA HABANA, Cuba.- La perreta y el escándalo de cuartería que protagonizaron recientemente los antidiplomáticos del castrismo, indignados porque se llevara a la ONU el tema de los presos políticos en Cuba, me trajo a la mente el caso que conocí hace unos días, a través de un interno de la prisión de Guanajay, de un joven exoficial del Ministerio del Interior que se encuentra allí, cumpliendo una condena de 25 años, en terribles condiciones de reclusión.
Se llama Jorge Frank Iglesias Fernández, tiene 29 años y era teniente de la Seguridad del Estado hasta febrero de 2015, cuando fue encarcelado y juzgado por “espionaje”.
Iglesias Fernández se negó a cometer lo que consideró una injusticia y avisó que iban a arrestar a una cubanoamericana y un norteamericano que estaban de visita en Cuba y a quienes la Seguridad del Estado investigaba por presuntas “actividades contrarrevolucionarias.”
Las autoridades vincularon en la causa también al hermano del exteniente, Víctor Eduardo Iglesias Fernández, de 18 años, a quien condenaron a cinco años de cárcel, pena que luego le fue conmutada por la de libertad limitada, con la obligación de comparecer periódicamente ante el juez de ejecución.
Luego de permanecer durante un año en Villa Marista, el cuartel central de la Seguridad del Estado, sometido a continuos interrogatorios y encerrado en una celda de 3×2 metros, Jorge Frank Iglesias fue enviado al área especial de máxima seguridad de la prisión de Guanajay, en Artemisa. Allí lo tienen en total aislamiento desde hace casi dos años. No le permiten llamadas telefónicas. Sus padres pueden visitarlo una vez al mes, durante dos horas, siempre en presencia de un carcelero.
Refiere la fuente que en la celda de Iglesias Fernández los guardias no han apagado la luz ni un minuto desde que lo encerraron. La continua exposición a la luz ha afectado la vista del reo y le ocasiona frecuentes y fuertes dolores de cabeza. Cuando por tal motivo han tenido que conducirlo al hospital de reclusos del Combinado del Este, lo llevan esposado y custodiado por un impresionante dispositivo de guardias armados.
Supongo que en cualquier otro país, una falta como la del exteniente Iglesias Fernández, que difícilmente puede ser calificado como un espía, ya que nunca fue reclutado por los norteamericanos, sería también castigada, pero no con este ensañamiento indigno e inhumano.
¿Será por casos como este que los antidiplomáticos del régimen se niegan a hablar de los presos políticos?
El gobierno cubano se niega a admitir que en Cuba hay presos políticos, y mucho menos prisioneros de conciencia. Y ni hablar de sus condiciones de reclusión. Aseguran los voceros oficiales, cuando se dignan a hablar del tema, que son convictos de crímenes previstos en el código penal cubano, haciendo énfasis en los autores de crímenes violentos, secuestradores de aviones y embarcaciones que tuvieron la suerte de que no los fusilaran como escarmiento y de varios exmilitares o agentes de inteligencia convictos de espionaje o de revelar “secretos de estado” —que sería el caso de Jorge Iglesias Fernández—; eso en un país donde secreto de estado puede ser la cantidad de quintales de plátanos que se perdieron en Alquízar, o de tomates en Consolación del Sur, por no haber camiones o combustible para recoger a tiempo la cosecha.
Sería oportuno, para que eviten los señalamientos internacionales, que los alabarderos gubernamentales tuvieran en cuenta los centenares de personas pacíficas que en un país con leyes medianamente normales y justas no estarían en prisión y que en Cuba están presos, en condiciones aterradoras, por aberraciones jurídicas que son frecuentemente aplicadas contra los disidentes, tales como el desacato, la desobediencia y la peligrosidad social predelictiva.
