WEST PALM BEACH, Estados Unidos.- Con esa habilidad de prestidigitación de la que siempre han hecho gala las autoridades cubanas, por estos días parecen haber convencido a una buena parte de la opinión pública nacional –e incluso a no pocas agencias de prensa extranjeras– sobre una supuesta “voluntad de cambios”, a partir de las novedades que se refrendarán en la reforma constitucional que se está urdiendo a puertas cerradas bajo la dirección (ni más ni menos) de Raúl Castro.
Las modificaciones que forman parte de esas trascendentales novedades que próximamente adornarán la Constitución cubana son el reconocimiento a la propiedad privada, que ya existía en la práctica; la limitación del mandato presidencial a un máximo de dos períodos de cinco años cada uno –como ya se había anticipado en el VIII Congreso del PCC–, instituyendo a la vez las figuras (hasta ahora no reconocidas) del Presidente y del vicepresidente de la República; así como la prohibición de discriminar a las personas por su identidad de género, su origen étnico o sus discapacidades.
El tema de la “propiedad privada” no ha tenido mucho eco entre la población, lo cual se debe en parte a que su reconocimiento viene encorsetado dentro de los rígidos controles gubernamentales que demonizan “la acumulación de riquezas” (y por tanto de propiedades), y también porque la mayoría de los cubanos en realidad carecen de patrimonio o de capacidad pecuniaria para adquirirlo. Luego, para esa mayoría pobre esta Ley no constituye un beneficio directo ni un cambio significativo con relación al estatus anterior.
La limitación temporal de mandato para el Presidente tampoco supone un verdadero cambio en tanto exista en Cuba un solo partido político legalmente reconocido y no se dicte una nueva Ley electoral que reconozca el derecho de todos los cubanos –y no de una insignificante representación de 600 comisarios progubernamentales– a decidir en las urnas a quién elegir para detentar dicho cargo.
Sin embargo, con relación al tema de la identidad de género el asunto ha sido muy diferente. Como jauría a la que se ha lanzado un hueso para entretenerle el hambre mientras los amos se reservan para sí las jugosas tajadas de carne, los supuestos “beneficiados” o “perjudicados” por esta reforma se han enfrascado en una enjundiosa elucubración sobre la pertinencia o no del matrimonio entre homosexuales, los derechos a adopción de éstos, y otro sinfín de “pro” y “contras” que ni siquiera se han reflejado explícitamente en la (desconocida) agenda oficial, pero que han exacerbado tanto la pacatería de las comunidades religiosas más retrógradas y dogmáticas como las viejas aspiraciones de igualdad de derechos de las comunidades LGTBI.
Dicho así, el asunto parecería “normal” y hasta propio de una sociedad democrática. Más aún, sugiere que los cubanos de la Isla estamos al mismo nivel (o incluso a un nivel superior) de debate o reconocimientos de derechos sociales que las naciones más democráticas del mundo.
Y es exactamente en este punto donde radica el timo, porque mientras los líderes religiosos y las comunidades LGTBI se enzarzan en una batalla bizantina que –es sabido– terminará siendo dirimida en las alturas del Poder y a conveniencia de los poderosos, está quedando relegada la cuestión esencial que es el atropello de los derechos de todos los cubanos cuando se reafirma que la Carta Magna mantendrá el “carácter socialista del sistema político y social” y el papel del PCC como “fuerza dirigente superior” que continuará controlando con férreo puño los destinos de todos, sean heterosexuales, homosexuales, blancos, negros, mestizos, mujeres, hombres, religiosos, ateos o agnósticos.
Tan maniqueo se manifiesta el lance que cuesta atribuirle ingenuidad a quienes sucumben al espejismo de un debate “democrático” sobre su identidad de género, su derecho igual al matrimonio y a la creación de una familia e incluso a la reproducción asistida, mientras a ningún cubano se le reconocen siquiera derechos tan básicos como la libertad de asociación, de expresión, de información, de movimiento, de elegir qué tipo de educación quiere dar a sus hijos o quién desea que sea el Presidente de su país.
No se trata de negar los justos reclamos de derechos particulares de cada grupo o comunidad, en particular de las que han sido sistemáticamente relegadas y discriminadas. Pero lo cierto es que bajo condiciones de dictadura ningún cubano tendrá garantizados sus derechos, en especial porque el reconocimiento de esos “derechos” responden solo a los intereses políticos –y solo a ellos– de la privilegiada clase que detenta el poder absoluto sobre vidas y haciendas.
Si se cree que la “gran batalla” es la que van a librar solo algunos sectores sociales más discriminados que la totalidad de los cubanos y si las “conquistas” a las que se aspiran se circunscriben a asistir finamente vestidos ante notarios que certifiquen una unión sentimental o la creación de una familia cuyos miembros seguirán siendo de mil manera sojuzgados por un omnímodo poder dictatorial legitimado en la Carta Magna, entonces podemos renunciar a todas las aspiraciones de libertad que nos corresponden como nacionales.
En pos de las pequeñas migajas de legalidad que ahora ofrecen los autócratas a algunos tontos útiles –y con ellos también ciertos servidores del castrismo debidamente encubiertos, que los “revolucionarios” están donde quiera–, siguen quedando olvidados los intereses mayores que nos implican a todos. Tal es, exactamente, el objetivo del gobierno.
Toda una maniobra de distracción para fragmentar las aspiraciones de libertades de interés común, crear falsas expectativas sectarias y estimular la asistencia a las urnas por parte de un electorado que en los últimos “comicios” ha estado demostrando claros signos de apatía y fatiga.
Por el momento, la tomadura de pelo le está funcionando al gobierno. De mantenerse así, ya sabemos quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores en esta saga que se anuncia interminable.
