LA HABANA, Cuba. – Confieso que soy una “dialoguera” impenitente. Así nos llaman despectivamente los sectores más radicales a aquellos que privilegiamos los cambios pacíficos, pactados y graduales –diálogo político mediante- por sobre la violencia de los golpes de estado y de las revoluciones de cualquier etiqueta ideológica.
De hecho, en toda democracia medianamente saludable la política es esencialmente “dialoguera”, donde los Parlamentos son el escenario natural de los debates donde se dirimen los rumbos de las naciones. Es sabido que incluso en condiciones de dictaduras también ha sido posible encontrar soluciones pacíficas para alcanzar la democracia a través del diálogo como herramienta política, como sucedió en la España tardofranquista –a contrapelo de la violencia de sectores fundamentalistas- y en el Chile de Augusto Pinochet, dos de los ejemplos más notorios de la eficacia de dialogar.
Un diálogo exitoso es aquel que logra establecer mecanismos para superar las tensiones políticas y las crispaciones sociales, especialmente cuando éstas afectan la gobernabilidad en países donde se ha quebrado la institucionalidad democrática o –aún peor- se han sistematizado la represión, el terror, la tortura y el asesinato como recursos de una dictadura aferrada al Poder, como es el caso de Venezuela.
El agotamiento y fracaso del sistema, la irremontable crisis económica y constitucional, el rechazo mayoritario a la usurpación del poder por un grupo mafioso –Maduro a la cabeza-, el apoyo también mayoritario de esa población a una solución pacífica antes que la intervención militar, el reconocimiento nacional e internacional del liderazgo opositor, y la mediación de actores internacionales en el proceso, son condiciones básicas para la potencial viabilidad de un diálogo que conduzca a una solución pactada en Venezuela.
Estas premisas, sin embargo, no son suficientes. El fracaso de los intentos de diálogo entre la dictadura de Nicolás Maduro y la oposición en los últimos tres años, sobre todo debido a la falta de voluntad política del Ejecutivo para abandonar el poder y someterse a la voluntad popular en las urnas, ensombrece un tanto las expectativas sobre los resultados del actual proceso de conversaciones, que se desarrolla esta vez con la mediación de Noruega y de representantes de la Unión Europea, y que cuenta con la participación del presidente interino, Juan Guaidó.
A las razonables dudas coadyuva también la poca transparencia de dicho proceso, no solo por parte de los representantes de Maduro cuyas declaraciones sobre los resultados de las negociaciones se contradicen con las de la oposición, sino también por el nunca explicado cambio de postura ante el diálogo operado en el presidente encargado de Venezuela y en general por la ausencia de garantías de que esta vez se cumplan los acuerdos pactados.
Repasemos: el 25 de enero de 2019 el diario El Espectador publicó una declaración de Guaidó en respuesta a Nicolás Maduro –quien había manifestado “estar dispuesto a dialogar con el líder opositor”-, a lo que éste había respondido que no se prestaría “para falsos diálogos”. Pocas semanas después, en reseña divulgada por CNN, nuevamente Juan Guaidó sostenía que “Con Nicolás Maduro no hay posibilidad de diálogo, (…) porque ya ha demostrado en situaciones anteriores, como en 2017 en República Dominicana, que lo utilizó para burlarse de los ciudadanos”.
Sin embargo, el 6 de mayo, después que se desataron los rumores sobre la presencia de la oposición en la mesa de diálogo en Oslo y tras los alardes del oficialismo que intentaba exhibir el hecho como un logro propio, Juan Guaidó, confirmó que en efecto la oposición había “enviado a varias personas a Noruega para sentar las bases de una posible negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro”, aunque recalcó que todo acuerdo incluiría la salida del usurpador, la instauración de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres con la presencia de observadores internacionales.
La aceptación del diálogo por parte de Guaidó provocó reacciones tanto críticas como de apoyo dentro de la oposición, así como por parte de sus aliados en esta región. No obstante, y en tanto se mantenga la unidad de la mayor parte de la oposición en torno a los tres puntos de consenso planteados por el Presidente interino, el diálogo debe mantenerse como opción, aunque sin renunciar a las movilizaciones callejeras y a todas las formas de presión contra la dictadura.
Lo cierto es que, por el momento, Nicolás Maduro no ha mostrado ningún signo de buena voluntad ni de espíritu negociador. Los presos políticos siguen encarcelados, la represión permanece intacta de la mano de los cuerpos paramilitares, los torturadores en los cuarteles policiales y otros matones que siguen sembrando el terror entre los venezolanos, y varios de sus más cercanos colaboradores y funcionarios afirman que no habrá elecciones en Venezuela y que Maduro continuará en el poder. Declaraciones estas que el Ejecutivo no se ha ocupado de desmentir hasta el momento.
Entretanto, la oposición ha cerrado filas en la propuesta de Juan Guaidó como candidato único para las eventuales elecciones presidenciales que –según ha trascendido al cierre de la tercera ronda de conversaciones, celebrada en Barbados- habrían de celebrarse entre febrero y abril del año próximo con un Consejo Nacional Electoral completamente renovado. Por su parte, el oficialista Partido Socialista de Unidad Venezuela (PSUV) procuraría lavarse el rostro proponiendo como candidato al actual gobernador del estado de Miranda, el chavista Héctor Rodríguez.
Al parecer, algo de lo que se cuece finalmente está sobre la mesa. Los días y semanas venideros nos dirán si en realidad se avanza en base a los todavía secretos acuerdos y pasos dados por las partes o si el actual diálogo termina siendo otro acto de prestidigitación de la dictadura venezolana para volver a burlar las expectativas, los reclamos y las esperanzas de su pueblo.
