MIAMI, Estados Unidos.- Michael Behn y Javier Bengochea, herederos de reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba se preparan para demandar a un grupo de compañías de cruceros, entre ellas varias con sede en Miami, por emplear instalaciones portuarias que fueron confiscadas a estadounidenses por el gobierno de Fidel Castro después de 1959, informó el Nuevo Herald.
“Las voy a demandar a todas,” dijo Bengochea en relación a las compañías de cruceros que atracan en el puerto de Santiago de Cuba, al oriente del país. La terminal principal santiaguera y varios almacenes fueron confiscados a su familia en octubre de 1960.
De acuerdo a la nota del Herald, la lista de compañías de cruceros que según Behn usan las instalaciones de Havana Docks, una compañía dirigida por su abuelo que poseía tres muelles y varios edificios que fueron confiscados en noviembre de 1961, incluyen 10 consorcios estadounidenses, entre ellos varias con sede en Miami, como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian.
Las instalaciones en la Isla son utilizadas actualmente como terminal de cruceros en el puerto de La Habana, y en 2018, la administración de la terminal fue concedida a una empresa turca, Global Ports Holding (GPH).
Carnival y Norwegian no han contestado a este litigio, pero Royal Caribbean envió un comunicado: “Estamos revisando las declaraciones recientes [de la administración de Donald Trump] para evaluar su impacto en nuestros huéspedes y en nuestra compañía. Por ahora, estamos navegando por nuestros itinerarios en Cuba según lo programado y mantendremos a nuestros huéspedes actualizados si algo cambia”.
Así mismo, una comisión del Departamento de Justicia (Foreign Claims Settlement Commission) certificó 5,913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses por cerca de $1.9 mil millones —con un valor actual de $8.5 mil millones con intereses—. Pero de acuerdo con el reporte final de la Comisión, solo 817 reclamaciones tienen un valor original que supera los $50,000, un requisito en la ley Helms-Burton para poder presentar demandas.
Adicionalmente, también podrán demandar bajo el amparo de Título III los cubanoamericanos que no estaban naturalizados en el momento de perder sus bienes, pero a diferencia de los que poseen reclamaciones ya certificadas, los cubanoamericanos tendrían también que demostrar en la corte la titularidad de la propiedad, explicó Pedro Freyre, abogado de Akerman LLP, una firma que tiene como clientes a algunas empresas con negocios en Cuba.
Entretanto, según un estimado del Departamento de Estado realizado en 1996, el número de demandas por expropiaciones a ciudadanos cubanos podría llegar a 200,000, aunque la complejidad técnica y el costo de presentar estas demandas podría disminuir significativamente este número.
Hace solo una semana el Secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que la administración de Donald Trump pondrá en efecto a partir del próximo 2 de mayo el Título III de la ley Helms-Burton, una provisión que permite presentar demandas en cortes federales para buscar compensación por propiedades que fueron confiscadas por el gobierno de Castro.
Por su parte, el gobierno cubano ya ha dicho que no responderá a ninguna demanda amparada por la ley Helms Burton y que no reconoce la jurisdicción de las cortes de EEUU.
