MIAMI, Estados Unidos.- El recuento de cadáveres más elevado desde que comenzaron las manifestaciones prodemocráticas en Nicaragua el pasado 18 de abril se dio este domingo cuando un sangriento asalto a los manifestantes por parte de la policía y las fuerzas paramilitares progubernamentales dejó sin vida a 31 civiles, cuatro policías y tres miembros de los grupos afines al presidente Daniel Ortega, lo que suman, según los observadores de derechos humanos, más de 300 muertes en el país centroamericano. Poco menos de 24 horas después, el lunes, matones enmascarados pro Ortega, armados con palos y pistolas, invadieron una iglesia donde los manifestantes se habían refugiado, maltrataron al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y de acuerdo a informes confiables se habla de que hubo disparos por parte de francotiradores contra algunas de las protestas civiles pacíficas.
Nicaragua y la crítica situación política y social que vive ese país fue el tema del Editorial que publicó este miércoles 11 de julio el diario The Washington Post, en el que se denuncia una vez más que el número de muertes continúa en aumento.
“Tal derramamiento de sangre, que recuerda la carnicería política que hubo en Centroamérica en los años setenta y ochenta, es bastante repugnante por sí solo. Sin embargo, lo que fue especialmente inquietante acerca de este último episodio es que llegó justo después de que Ortega declarara en un mitin, el sábado, su inequívoco rechazo de la principal propuesta de compromiso para resolver la crisis de Nicaragua: celebrar elecciones nacionales anticipadas, en lugar de esperar al 2021. Y el lunes, el gobierno de Ortega emitió una proclama declarando a sus oponentes como ‘terroristas’ y cancelando cualquier conversación política hasta que el ‘grave problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia haya sido abordado y resuelto de una manera confiable’”.
Daniel Ortega y su régimen han optado por la represión total, similar a la practicada contra el movimiento democrático en Venezuela, y es cierto que los manifestantes en Nicaragua han bloqueado carreteras clave con pesadas barricadas, la misma táctica que utilizaron los oponentes a la antigua dictadura de Somoza (también lo hizo el frente sandinista de Ortega). Pero el régimen de Ortega está forzando a sus oponentes a la huelga y a la desobediencia civil, y esa situación está afectando a la economía nicaragüense.
El gobierno es responsable de la gran mayoría de las muertes y las lesiones, y contrariamente a la propaganda del régimen, la oposición sigue siendo abrumadoramente pacífica y desarmada. “El único terrorismo hoy en Nicaragua es el de tipo oficial.”
El Editorial del Post asegura que los países vecinos de la región, del Hemisferio Occidental, deben ayudar para logar la democracia y evitar una guerra civil a toda costa. Este 5 de julio, justo antes del último episodio de violencia, el gobierno de Trump anunció sanciones económicas contra tres de los principales tenientes de Ortega, quienes, según el Departamento de Estado, “han estado involucrados en graves abusos contra los derechos humanos o involucrados en corrupción”. Esas palabras envían un mensaje necesario, aunque limitado, de protesta por parte de Estados Unidos. Pero no es el sustituto de un esfuerzo regional más amplio.
El mejor vehículo sería una coalición encabezada por otras naciones latinoamericanas para presionar al Sr. Ortega y apoyar las conversaciones entre él y la oposición, pues el dictador de Nicaragua parece que está intentando demostrar que las democracias de la región están demasiado distraídas por otras cuestiones, como la transición política en México, y así evita que escale el conflicto en su contra. Deben demostrarle que está equivocado.
