Rex Tillerson, secretario de Estado de EEUU (Reuters)
MIAMI, Estados Unidos.- Tras dos años en una lista de vigilancia sobre la trata de personas, EE.UU. ha decidido mantener a Cuba durante un año más en observación (nivel 2) en su informe sobre tráfico de personas.
El Departamento de Estado publicó este martes el reporte donde considera que Cuba no debe ser llevada de nuevo al nivel 3, el peor de su lista, considerando los esfuerzos que ha hecho la isla al menos en el área de la trata sexual.
Sin embargo, el informe 2017 incluye por primera vez el trabajo no remunerado de los estudiantes de preuniversitario en la agricultura. Varias escuelas envían a sus estudiantes a campamentos de labor.
Por otra parte, el empleo de los cooperantes cubanos de la salud enviados a misiones en el exterior está entre las denuncias de trabajo forzado del informe. El documento refleja varios puntos de vista acerca de las presuntas amenazas de represalias a la familia, restricción de movimiento, amenazas de revocación de licencia, vigilancia después del trabajo, entre otros abusos.
Según el documento, el gobierno es el principal empleador en la economía cubana incluso para los participantes en misiones en el extranjero, que comprenden a 84 000 cooperantes en 67 países y representan una fuente importante de ingresos.
Departamento de Estado afirma que La Habana ya reconoce que retiene los pasaportes de su personal médico en Venezuela, aunque el Palacio de la Revolución ha justificado dicho proceder con que se trata de una medida de “seguridad”.
El informe del Departamento de Estado contempla cuatro categorías: Nivel 1, para las naciones que cumplen con las normas mínimas de Estados Unidos; Nivel 2, que incluye a aquellos que están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo; “Lista de vigilancia” del Nivel 2, para aquellos que merecen un escrutinio especial; y Nivel 3 para los países que no cumplen plenamente con las normas mínimas de Estados Unidos y no están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
Los países del Nivel 3 pueden enfrentar sanciones, como pérdida de la asistencia de Estados Unidos y del apoyo de Washington para recibir préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
El Informe 2017 señala que Cuba no reúne las normas mínimas para la eliminación de la trata sexual, pero se le reconocen “esfuerzos significativos” durante el período reportado en lo concerniente a procesar y sentenciar a traficantes sexuales, prestar servicios a las víctimas, publicar un reporte sobre las medidas tomadas por el Estado y coordinarlas entre diversos ministerios.
Entre las razones por las que Cuba no asciende de la lista de observación hacia el nivel 2 sin asterisco, se encuentra que el código penal no criminaliza todas las formas de la trata de personas. Por ejemplo, no se prohíbe, persigue o siquiera se admite la posibilidad de que el trabajo forzado afecte a sus nacionales en misiones médicas en el exterior. En ese sentido, tampoco se observó un mayor esfuerzo que en el período previo.
Cuba estuvo desde 2011 hasta 2014 en el nivel 3 de la clasificación, pero la administración Obama ubicó a La Habana en la relación de países del nivel 2 pero bajo escrutinio a partir de 2015. Dicho lugar incluye a aquellos países cuyos gobiernos no cumplen estrictamente con las normas mínimas de la ley de protección a las víctimas del tráfico (TVPA) de EE.UU., pero están haciendo esfuerzos significativos para ajustarse a esos estándares.
No obstante, la agencia Reuters cuestionó este cambio de la administración Obama en un extenso reportaje donde 12 fuentes anónimas opinaron que las conclusiones relativas a 14 países, entre ellos Cuba, Malasia, China, India, Uzbekistán y México, fueron alteradas debido a presiones ejercidas por altos funcionarios de EE.UU.
En el reporte, publicado a cuatro meses del inicio del deshielo entre La Habana y Washington, para el caso de Cuba habría predominado la valoración del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental de la cancillería por sobre la Oficina para Monitorear y Combatir el Tráfico de Personas, con “un número de recomendaciones rechazadas que sugiere un nivel de intervención nunca antes visto por diplomáticos en un informe que puede conducir a sanciones y es la base de las políticas antitráfico de muchos países”, decía Reuters.
Ahora la cancillería estadounidense recuerda en su reporte 2017 que Cuba es fuente y destino de tráfico sexual, y que en la isla tiene lugar el turismo sexual con menores.
Pese a que existe mayor severidad en las sentencias contra delitos de esta clase, EE.UU. expresa preocupación por la desprotección legal en que se encuentran los jóvenes desde entre 16 y 18 años, una inquietud que también fue planteada en abril durante su visita a La Habana por la relatora temática de Naciones Unidas, María Grazia Giammarinaro.
En un informe enviado a la relatora Giammarinaro, la Human Rights Foundation y Archivo Cuba denunciaron en abril que el gobierno de la isla no solo practica la trata de personas, sino que para obtener divisas depende de dos formas de tráfico humano ejercidas desde el gobierno: la exportación de los servicios de sus profesionales en condiciones de servidumbre, y la migración forzosa o estimulada por el Estado.
