MIAMI, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra cinco funcionarios del régimen cubano que habrían tenido participación en la represión de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).
De acuerdo a una nota publicada en el sitio de la Embajada de EEUU en La Habana, las sanciones (restricción de visa) fueron adoptadas de conformidad con la Proclama Presidencial 5377, que suspende la entrada de funcionarios y empleados del Gobierno cubano a los Estados Unidos como no inmigrantes.
“Estos cinco funcionarios están vinculados a los juicios sentencias y encarcelamientos injustos de personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021”, dice el comunicado, que no revela la identidad de los funcionarios castristas.
“Este anuncio de restricciones a visas responde a las acciones de funcionarios del Gobierno cubano que niegan a los cubanos los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales”, agrega el documento.
El Departamento de Estados de Estados Unidos explicó que “las medidas se fundamentan en iniciativas anteriores dirigidas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten los abusos de los derechos humanos y la represión del Gobierno, entre ellas cuatro sanciones del Departamento del Tesoro en vigor a partir del 11 de julio y los anuncios de pasos dirigidos a imponer restricciones de visas efectuados por el Departamento de Estado el 30 de noviembre de 2021 y el 6 de enero de 2022”.
Estas nuevas sanciones “subrayan nuestro compromiso de apoyar al pueblo cubano”, sentenció el organismo.
El pasado mes de julio el Departamento de Estado había anunciado restricciones de visa a otros 28 funcionarios del régimen cubano, también vinculados a la represión desatada por el gobierno contra manifestantes del 11J.
Las sancionados incluían “miembros de alto rango del PCC responsables de establecer políticas a nivel nacional y provincial”, quienes, “en lugar de garantizar la seguridad del pueblo cubano y el respeto de sus libertades de expresión y reunión pacífica (…) permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión durante décadas para cientos de manifestantes”.
“También están cubiertos múltiples funcionarios que trabajan en los sectores de medios y comunicaciones estatales que formulan e implementan políticas que restringen la capacidad de los cubanos para acceder y compartir información libremente y que participan en la difusión de desinformación”, rezaba el comunicado entonces.
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