LA HABANA, Cuba.- Los gobernantes cubanos siempre han sentido animadversión hacia los gestores privados en la comercialización de los productos agropecuarios. En general, los han calificado despectivamente como “intermediarios”, y les achacan la elevación de los precios y otras anomalías que se presentan en la cadena producción-comercialización-consumo.
Sin embargo, cuando reconocieron que el campesino que trabaja la tierra no iba a acudir a un agromercado a ofertar sus productos, y además debieron admitir las insuficiencias gubernamentales en el referido mecanismo comercializador, no les quedó más remedio que aceptar a esos gestores privados.
Así, en el contexto de la ampliación del trabajo por cuenta propia fueron aprobadas las licencias para ejercer como “Comercializador mayorista de productos agropecuarios” a aquellos que les compran a los productores, y “Comercializador minorista de productos agropecuarios”, para los que se dedican a venderle a la población.
Como quiera que la mencionada enemistad nunca llegó a desaparecer, la gestión privada en la comercialización agropecuaria fue uno de los blancos principales de la ofensiva lanzada por Raúl Castro contra el trabajo por cuenta propia en su última etapa al frente del Estado y el Gobierno cubanos. Se canceló con carácter permanente la emisión de nuevas licencias para las referidas categorías de cuentapropistas, y aquellos que se mantienen (como por ejemplo los carretilleros), afrontan a diario las presiones de inspectores y funcionarios gubernamentales.
En el reciente artículo, aparecido en el periódico Granma, “Un país en la ruta del autoabastecimiento”, edición del 13 de junio, se reproduce la ojeriza gubernamental contra los gestores privados, al tiempo que se sugiere la actuación de la estatal Empresa de Acopio para el establecimiento de un “ordenamiento riguroso” de la cadena de comercialización, que comienza en el campo y termina en la mesa de los consumidores.
A los que han estado al tanto de la situación de la agricultura cubana, les cuesta trabajo imaginar que una entidad representativa de la ineficiencia gubernamental en la comercialización agropecuaria pueda ahora, tras una supuesta revitalización, resolver los problemas que afectan a ese mecanismo.
A Acopio le han faltado los envases para trasladar los productos, no han tenido combustible para sus medios de transporte, ha violado los contratos con los productores, y muchas veces se atrasó en los pagos a los campesinos que trabajan la tierra. Y, por supuesto, Acopio ha sido la responsable de que infinidad de renglones del agro, en especial frutas y viandas, se echaran a perder en los campos al no ser trasladados a tiempo a la industria o a los puntos de venta.
Relacionado con esto último se ubica lo que podríamos calificar como más novedoso en el citado artículo de Granma. Tras admitir algunas de las irregularidades en el trabajo de Acopio, la articulista refiere que “la consecuencia más lamentable ante estas problemáticas es el desvío que facilita la venta de forma ilegal y a precios exorbitantes”.
Es decir, que el oficialismo considera como un mal menor que los productos se pudran en los campos y no lleguen a los consumidores. Lo más grave, según Granma, es que los productores, desesperados ante la inminencia de perder sus cosechas, decidan vendérselas a comercializadores no estatales.
Y con respecto a los “precios exorbitantes”, es conveniente recordar las tantas ocasiones en que, ante el desabastecimiento asociado con los precios topados del gobierno, a los consumidores no les ha quedado otra alternativa que acudir a las incomodidades de la bolsa negra (y pagar el precio que indica el mercado) para adquirir los productos.
Ahora, que con bombo y platillo se proclama una ley de protección al consumidor, resultaría contradictorio el hecho de que mangos, tomates, toronjas y boniatos, entre otros productos, se echaran a perder en los campos debido a la indolencia de Acopio.
