LA HABANA, Cuba. – El Estado cubano permite, e incluso alienta, que los ciudadanos resolvamos nuestras disputas por la fuerza. Así lo evidencia el artículo 93 del proyecto de Constitución: “El Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos de solución de conflictos, de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas que se establezcan a tales efectos.” (Capítulo VI, Garantías de los Derechos).
En la práctica no se trata de nada nuevo, pues este proceder ya se viene repitiendo desde hace tiempo. Al respecto me comentaba un vecino que leyó el artículo: “¡Cómo no! ¿Métodos alternativos? Yo conozco cuatro: el piñazo, el palazo, el cabillazo y el machetazo”. Y es que muchos no ven más remedio que emplear la violencia para resolver problemas o litigios entre vecinos antes de acudir a la Policía, a los tribunales o instituciones de servicios como Aguas de La Habana, Vivienda, Comunales, etc., que “no resuelven nada”.
De hecho, con frecuencia parecería que los lentos e ineficientes procedimientos legales aplicados no están encaminados a amparar al ciudadano decente (que queda indefenso), sino precisamente a que la gente quede inconforme y resuelva sus desavenencias por la fuerza en vez de acudir a las instituciones. Y en caso de hacerlo, hasta puede que los propios funcionarios insinúen o recomienden la resolución por mano propia.
A veces sucede que los organismos y sus empleados públicos no atienden oportunamente problemas que requieren soluciones urgentes como tupiciones o salideros de aguas albañales, falta de agua, electricidad, etcétera, por lo que los afectados, al no recibir respuesta de las autoridades, aplican por sus medios soluciones arbitrarias ignorando las regulaciones urbanas y sin importarles si con ello afectan al vecino que, de reclamar por la vía oficial, a menudo se tropieza con que las instituciones o los tribunales no hacen reparar el daño a pesar de tratarse de acciones ilegales.
Precisamente hace poco conocí el caso de una anciana que sufre una de estas situaciones. La señora, que me pidió no mencionar su nombre, vive sola en un apartamento pequeño en un pasillo de la calle 13. El vecino de al lado instaló un aire acondicionado cerca de su puerta, en la pared frontal, y este gotea constantemente y le produce un charco en su entrada. La anciana estuvo casi tres años enredada en trámites absurdos, inútiles e interminables. En su caso, decidió dejar el asunto sin resolver por miedo a los violentos escándalos y amenazas de la mujer del vecino.
Pero estos métodos para desunir al pueblo no son exclusivos del ámbito legal o de los servicios. Problemas que enfrentamos a diario, como la escasez, la necesidad y el transporte deficiente, provocan altercados, a veces violentos, en lugares como colas, guaguas llenas, oficinas de trámites, etcétera, sin que sus protagonistas se den cuenta de que esas disputas en realidad fortalecen y prolongan el dominio de la dictadura. Es importante entonces que quienes piensan votar por el sí –ya sea por convicción, por banalidad, por ignorancia, por indolencia o por miedo– lean e interpreten el texto del proyecto y reflexionen seriamente sobre las consecuencias de aprobar artículos como este.
