GUANTÁNAMO, Cuba. – A las 6:10 a.m. de este domingo 10 de febrero del 2019, cuando me dirigía en compañía de un amigo hacia el aeropuerto Mariana Grajales, de Guantánamo, dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (P.N.R.) detuvieron el vehículo en que viajábamos.
Uno de los agentes se acercó al auto, abrió la puerta trasera y me ordenó que saliera. En el lugar se encontraba el oficial de la Seguridad del Estado conocido como Víctor Víctor y otro joven también vestido de civil que luego se presentó como el capitán Liobis, de la Sección 21, fuerza especial dedicada reprimir lo que ellos llaman contrarrevolución. El operativo, según pude conocer después de forma casual, fue ordenado por el Mayor Georvis Hodelin Lamoth, Instructor Penal de la Unidad Provincial de Delitos Contra la Seguridad del Estado de Guantánamo, el mismo que me citó el pasado 23 de enero a dicho lugar donde fui amenazado y maltratado debido a mi trabajo como periodista de CubaNet.
Fui trasladado en el auto patrullero hacia la Unidad Municipal de la PNR de Guantánamo, donde ambos oficiales me informaron que lamentaban lo ocurrido pero que habían actuado cumpliendo órdenes de sus superiores.
El objetivo de mi viaje a La Habana era visitar la Feria Internacional del Libro y a dos amigos, ambos periodistas de CubaNet. Mi permanencia en la “capital de todos los cubanos” iba a terminar el miércoles 13, fecha en que mi amigo y yo regresaríamos en avión a Guantánamo.
Aunque esta vez el trato de los oficiales fue respetuoso, nuevamente violaron mis derechos ciudadanos, lo cual demuestra una vez más que lo que dice Miguel Díaz-Canel y lo que por estos días se afirma hasta la saciedad en los medios del castrismo acerca de que Cuba es un Estado de derecho es una mentira absoluta.
Los oficiales de la Seguridad del Estado de Guantánamo conocen perfectamente que soy una persona pacífica, un hombre de la cultura, y que no iba a La Habana para participar en ninguna acción en contra de la dictadura, sino, únicamente, para asistir a la Feria del Libro y poder comprar algunos textos que jamás llegarán a Guantánamo, como siempre ocurre.
Además del perjuicio económico que esta acción me ha causado —con la pérdida de tiempo que conlleva la cola que deberé hacer en Cubana de Aviación para reintegrar los pasajes— se ha cometido otra nueva agresión contra mi persona y se han violado los artículos 9 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por cuanto fui detenido arbitrariamente durante dos horas y algo más y se violó mi derecho a circular libremente por mi país. El proceder de la Seguridad del Estado también constituye un delito de Coacción, previsto y sancionado en el artículo 286.1 del Código Penal cubano puesto que los oficiales mencionados me impidieron hacer algo que la ley no prohíbe.
Pero en este “Estado de derecho respetuoso de la legalidad” —palabras textuales del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresadas recientemente en una reunión que celebró con los jueces del Tribunal Supremo Popular— no puedo dirigirme a la Fiscalía Militar de Guantánamo ni a ninguna autoridad en solicitud de un respaldo efectivo a mis derechos, pues, además de que la Fiscalía y los tribunales cubanos son marionetas de la Seguridad del Estado, soy otro cubano excluido y discriminado que no tiene ningún derecho.
Acciones como esta, a menos de quince días de la celebración del referendo convocado por el régimen para que los cubanos se pronuncien sobre la nueva y presuntamente “democrática” Constitución, demuestran la falsedad del discurso oficialista acerca de que vivimos en un país con todos y para el bien de todos, donde existe igualdad y no se discrimina a nadie.
Por hechos como este y muchísimas razones más voy a votar NO por ese documento.
