LA HABANA, Cuba. – El pasado 10 de julio fue aprobada en Londres la Declaración Conjunta del Vigésimo Aniversario, donde quedaron plasmados los Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década. El documento, avalado por importantes organizaciones encargadas de proteger los derechos civiles, entre ellas la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, supone una importante contribución al establecimiento de normas que garanticen el libre acceso a las comunicaciones como un recurso imprescindible para proteger la democracia y respaldar un desarrollo sostenible.
Dentro del marco del Derecho Internacional, específicamente del Artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, varios acápites hacen referencia a la situación del periodismo en sociedades restrictivas y la persistencia en el control de los medios de comunicación por parte de Estados totalitarios o entidades corporativas. Cuba figura entre los países más críticos a nivel mundial en cuanto a libertad de expresión, y a medida que se ha ido ampliando el acceso a Internet, han aumentado las acciones represivas con el fin de neutralizar las voces contrarias al gobierno.
En el curso de 2019 se han incrementado los allanamientos, detenciones, decomisos, prohibiciones de salida, intimidaciones a reporteros y sus familiares, e incluso golpizas; un clima de hostilidad que pese a las múltiples denuncias por parte de la prensa independiente y organismos internacionales, crece al margen de los acuerdos firmados en otras latitudes.
El inciso “a” del acápite primero de la Declaración Conjunta relativo a la “Creación de un ambiente que permita la libertad de expresión”, exige que los Estados tomen medidas inmediatas para proteger la seguridad de los periodistas atacados y poner fin a la impunidad de dichos ataques. ¿Qué organismos internacionales podrían garantizar que tales términos serán cumplidos por un régimen que viola su propia Constitución y permite que el aparato represivo permanezca por encima de la Ley?
Prácticamente todas las estructuras del Estado se subordinan al Ministerio del Interior y se hacen cómplices de los actos represivos contra comunicadores y activistas que defienden los derechos civiles. La ansiada transición devenida en “continuidad” ha desatado un hostigamiento contra la prensa independiente que algunos consideran más brutal de lo que fue en la era de Raúl Castro.
Por otro lado, los incisos incluidos en el acápite número dos hacen referencia a la necesidad de “Consolidar y mantener una Internet libre, abierta e inclusiva”; un postulado que en Cuba hallará tenaz resistencia por parte de ETECSA, el monopolio de las comunicaciones también subordinado a la Seguridad del Estado.
Tras la marcha independiente convocada el pasado mes de mayo por miembros de la comunidad LGBTI, se ha estrechado la vigilancia en las redes sociales con el propósito de impedir que la sociedad civil se organice para defender pública y pacíficamente sus causas. El ciberbullying se ha convertido en herramienta predilecta de la policía política para difamar, acosar y provocar a comunicadores, activistas y opositores; mientras que sitios de prensa alternativos como CubaNet y Diario de Cuba permanecen bloqueados, obligando a los usuarios a acceder mediante un proxy.
El zarpazo más reciente contra el uso de Internet fueron las nuevas regulaciones emitidas por el Ministerio de las Telecomunicaciones de Cuba (MINCOM), que se harán efectivas a finales de julio. Según reportes, se ha implementado una red de vehículos equipados para detectar si la potencia de antenas wifi de propiedad personal se halla por encima del nivel permitido. Cuando las disposiciones entren en vigor, aumentará el control del Estado sobre el acceso a la información y la gestión privada. Aunque se han recogido decenas de miles de firmas para exigir al MINCOM que flexibilicen las restricciones, hasta el momento no se aprecian cambios en las condiciones anunciadas.
Con esta grave situación que a diario se intensifica y ha diezmado considerablemente las filas de la prensa independiente, la flamante Declaración Conjunta sobre los Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década luce menos promisoria. El caso de Cuba continúa gravitando fuera de la órbita democrática pese a los informes que se redactan cada año; y la escalada de atropellos que actualmente golpea a los comunicadores críticos con el régimen tal vez sea la más agresiva desde la Primavera Negra de 2003.
