LA HABANA, Cuba.- Con los ánimos todavía caldeados por la creación de una ley de impuestos sobre superficies agrícolas en estado ocioso, un nuevo paquete de aranceles es presentado a los campesinos de la provincia Pinar del Río.
Los nuevos impuestos comenzarán a regir en septiembre próximo, y aplicados mediante una escala que aumenta los pagos en correspondencia con el monto de las ganancias declaradas, serán valederos para los tabacaleros, productores agrícolas y de carne. La máxima cuota del impuesto ronda la mitad de las ganancias netas.
Desde la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, en el periodo 1961-62, los campesinos de Pinar del Río no pagan impuestos al gobierno.
Sin embargo, a partir de entonces y de manera obligatoria, han tenido que vender la mayoría de sus producciones a entidades estatales por precios marcadamente inferiores a los del mercado de oferta y demanda.
De acuerdo con campesinos de ‘vueltabajo’, el nuevo arancel fue presentado como “una forma de contribuir a la patria y evitar que aumente la desigualdad”, pues según las autoridades, un grupo de productores ingresan ganancias muy superiores a la media del campesinado.
En el municipio San Luis, Oscar Mijares García fue uno de los tabacaleros elegidos para representar a la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Aracelio Iglesias en el ‘análisis’ del proyecto de impuesto, realizado en los organismos de base por autoridades de los ministerios de Agricultura y de Finanzas y Precios.
Mijares explicó que la primera categoría del impuesto comienza a partir de 10 mil pesos de ganancia, hasta 50 mil, donde la tasa de pago será del 10 por ciento. Asimismo, de 50 a 100 mil el abonado ascenderá al 20 por ciento. De 100 a 150 mil pesos declarados el impuesto subirá al 30 por ciento, mientras que de 150 mil en adelante los pagos llegarán al 45 por ciento.
Los gravámenes afectarán a dos tercios de la población pinareña, refirió Mijares, que en condición de residentes rurales tienen en las producciones agropecuarias su principal fuente de sustento.
“Primero impusieron que había que pagar por las tierras sin producir, para que la gente tuviera que plantar hasta el último rincón. Y ahora ese esfuerzo extra lo van a robar con impuestos,” comentó.
Como principal motor económico de la provincia, hace dos años las autoridades incrementaron el poder adquisitivo de los tabacaleros con un aumento del precio de la hoja que alcanzó los 2 mil pesos el quintal, pero la mejora fue un espejismo.
Este verano, cuando la empresa Cuba Tabaco realice el pago de las cosechas y los campesinos tengan que desembolsar las tajadas del fisco, además de devolver los créditos facilitados por las cooperativas para financiar la zafra, quedará muy poco efectivo para subsistir hasta el cobro de la cosecha siguiente en agosto-septiembre de 2019.
Cifras preliminares apuntan que en la actual temporada Pinar del Río produjo más de 65 mil toneladas de la hoja, estadística que se acerca al 70 por ciento de la producción nacional.
Manuel Cortina Lazo, productor del municipio Pinar del Río con cuatro décadas de experiencia, destacó que el precio medio que el gobierno paga a los campesinos oscila entre 1600 y 1800 pesos por cada quintal de la hoja, aunque en el principal eje tabacalero, compuesto por los municipios Consolación del Sur, Pinar del Río, San Luis y San Juan y Martínez, la planta alcanza una calidad superior y comúnmente recibe la máxima cotización.
De acuerdo a las normas de rendimiento, Cortina calcula que por cada 60 mil posturas plantadas se deben obtener unos 20 quintales de tabaco (2 toneladas), los cuales generan cerca de 15 mil pesos de ganancias al productor.
“Realmente quienes plantan menos de cien mil posturas son una minoría de productores pequeños, con pocas tierras”, señala.
Siguiendo el patrón rendimiento-ganancias argumentado por Cortina, las referidas 65 mil toneladas acopiadas por la provincia equivalen aproximadamente a 487 500 000 pesos de ganancia total, de los cuales, atendiendo a las variaciones en los montos a pagar por concepto de impuesto según el tipo de productor, más de 150 millones serían sustraídos por el fisco.
En consecuencia, Pedro Luis Moreno Arias, propietario de una vega tabacalera en el municipio Pinar del Río, explica que un amplio número de campesinos dueños de tierras amenazan con dejar de plantar la famosa hoja, en tanto otro grupo de usufructuarios pudiera devolver los terrenos estatales que siembran.
Sin embargo, en pos de mantener la producción, comunica Moreno, el gobierno advirtió sobre la posibilidad de expropiar las vegas a quienes decidan no plantar tabaco, impidiendo que de esa forma cosechen los alimentos que necesitan sus familias para subsistir.
“Aunque las tierras hayan sido entregadas en la Reforma Agraria, te las quitan y no pasa nada”, advierte Moreno.
Otro de los inconvenientes que acarrea el impuesto, coinciden los pinareños, es la presumible disminución de las producciones agrícolas justo cuando el sector independiente experimenta un boom inducido por el constante encarecimiento de esos alimentos.
“Por vez primera en mucho tiempo, y sin mayores problemas, se pueden comprar verduras, legumbres y algunas viandas que se estaban perdiendo”, destaco Mireya Pita Lugo, una ama de casa del municipio San Luis. “Pero casi todos dicen que van a dejar de sembrar, y vamos a retroceder”.
Jesús Lemus Rodríguez, campesino de San Juan y Martínez, señala que cuando el impuesto comience a funcionar desaparece el plus en las ganancias y, automáticamente, el interés por continuar cosechando.
A diferencia de la producción de tabaco, que se encuentra subsidiada por el gobierno, explica Lemus que los campesinos por ‘debajo de la mesa’ tienen que pagar altos costos por los productos químicos necesarios para fertilizar y optimizar suelos, para controlar las plagas y acelerar los ciclos de las plantas.
“Luego contrata mano de obra. Si tienes que entregar casi la mitad de las ganancias ya no es rentable, trabajas para el inglés y somos campesinos, no burros”, dijo Lemus.
