LAS TUNAS, Cuba.- Una muerte por suicidio puede ocurrir en Puerto Padre si la burocracia de la Asamblea Municipal del llamado “Poder Popular” se antepone a la sentencia que deberá pronunciar un Tribunal de Revisión a instancia del Tribunal Supremo.
“¡Niñito, mátame!, gritó Nelsa Lucía.
La exclamación se produjo luego de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila recibir la noticia de que, le será notificada la resolución confiscatoria de su casa. (Ver en Cubanet Cuando la injusticia brota más que una cascada, y Justicia cubana: ¿Ancianas proxenetas o jueces ineptos?).
Según Zoila Aida Pla, hija de Nelsa Lucía, en días pasados se personó en la vivienda de ellos la Directora Municipal de Trabajo, diciéndoles que esa vivienda el gobierno se la había adjudicado a la entidad que ella dirige.
Nelsa Lucía, aunque se encuentra diagnosticada con “trastorno depresivo severo y alto riesgo suicida” según certificación psiquiátrica, por acuerdo del Gobierno municipal de Puerto Padre deberá salir de su casa, para junto con su familia, ir a vivir a donde las autoridades han acordado.
Sancionada en un obscuro proceso por un delito de “proxenetismo y trata de personas”, según reportamos en los mencionados artículos, hoy el caso de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila se encuentra en proceso de revisión en el Tribunal Supremo.
Y en lo que concierne a las irregularidades cometidas en la confiscación de la casa de esta familia, la Dirección de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, que es la autoridad facultada para dirimir estos asuntos, admitió un procedimiento especial iniciado por Nelsa Lucía.
En materia penal, un Procedimiento de Revisión sólo es admitido por el Ministro de Justicia, el Presidente del Tribunal Supremo o el Fiscal General, si concurre alguno de los 19 presupuestos previstos en el artículo 456 de la Ley de Procedimiento.
Y en materia administrativa, el Ministro de la Construcción sólo conoce de Procedimiento Especial de “manera excepcional”, si existen “documentos o pruebas indubitables”, que demuestren que lo anteriormente dispuesto es “improcedente, ilegal o notoriamente injusto”, según el artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Vivienda.
El lector se preguntará: ¿Y cómo entonces si presumiblemente contra Nelsa Lucía se ha cometido una injusticia que posiblemente esté en vías de reparación por las autoridades superiores, el gobierno municipal de Puerto Padre insiste en confiscar la casa de estas personas?
No daré mi opinión, relataré hechos y derechos, los lectores saquen sus propias conclusiones: La vivienda de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, fue confiscada en 2017 por el Decreto-Ley 232 que dice que, a la persona confiscada, se reubica en otro sitio o se le declara arrendataria en la casa que fuera propia.
Según el supradicho decreto, las viviendas confiscadas que queden desocupadas se destinan a uso social, o se entregan a familias albergadas o a casos sociales. Pero la vivienda confiscada a Nelsa Lucía no se entregó a familias albergadas o a casos sociales, sino que el gobierno de Puerto Padre la destinó a uno de sus integrantes.
Descubierta y denunciada la ilegalidad gubernamental, no llegó a materializarse. Pero ahora el gobierno municipal tomó otro “acuerdo”.
Como la vivienda de Nelsa Lucía, ampliada y remodelada mediante Licencia de Construcción, de hecho constituye dos casas, una ocupada por ella y su nieto y la otra por su hija y su yerno, a quienes las autoridades policiales y administrativas impidieron legalizar ese inmueble con los documentos ya en Notaría, ahora el gobierno municipal de Puerto Padre, de hecho, con la nueva asignación prueba que, con la resolución confiscatoria de una vivienda, son dos casas las que está confiscando.
“Mire, ya se reunió la comisión de enfrentamiento a las ilegalidades; estaban presente el presidente de la Asamblea (municipal del Poder Popular), otros funcionarios del gobierno y un oficial del MININT (Ministerio del Interior), en el caso de nosotros acordaron asignarnos una casa en malas condiciones, que es donde está la Dirección de Empleo, para entregarles las casas de nosotros a la Dirección de Empleo y a la Dirección (municipal) de Trabajo. La Directora de Trabajo estuvo aquí, dijo que ella misma iba a ejecutar la resolución (expropiación)”, dijo Zoila Aida.
“Mire, mi suegra es inocente, y van a hacer que se mate por la acusación falsa que le están haciendo, ¿quién va a pagar esa muerte si ella se suicida? Pero fíjese, aunque mi suegra fuera culpable… ¿Qué tenemos que ver mi mujer y yo con la casa de mi suegra? Mi mujer y yo construimos nuestra casa, legalmente. ¡Ah… pero quieren cogerse dos casas! Y no para dárselas a gente que no tienen donde vivir, sino para cogerlas para oficinas. Ellos saben que son dos casas, aquí estuvieron la Vicepresidenta del gobierno (municipal) y el Director de Vivienda”, dijo Nivardo Jacinto Hernández, esposo de Zoila Aida.
Nivardo Jacinto ha denunciado estos hechos “en toda Cuba, desde la Fiscalía General hasta en el Partido (Comunista)” y fuera de Cuba a través de Radio Martí y Cubanet, y “entonces el otro día vino un oficial de la seguridad del Estado a decirme que no siguiera denunciando, que esto se va a resolver… ¡A resolver! ¿Cuándo? Lo creo cuando lo vea”, dice incrédulo Nivardo Jacinto.
La incredulidad de Nivardo Jacinto tiene fundamento: “Dos veces el instructor (penal) que procesó a mi mamá ha ido a visitar a la principal testigo (de la defensa). Yo no sé con qué motivos lo ha hecho. Pero ella (la testigo) le contó esos incidentes a otro policía, (de la seguridad del Estado) y él le dijo que ése instructor no tenía por qué estar viéndola a ella. Pero ese instructor está seguro que nos van a quitar la casa, se lo dijo a esa misma testigo. El día que detuvieron a mi mamá, sin juicio, no más comenzado el proceso, ya habían determinado quitarnos las casas. Y ahora, los trabajadores de la casa (oficina) para donde nos van a mandar, ya están recogiendo sus cosas, las tienen metidas en cajas, como si fuera un hecho que nos van a desalojar”, dijo Zoila Aida para este reportaje.
Cabe preguntarse: ¿En Puerto Padre, en el caso de esta familia está imperando la justicia o el abuso de poder?
El Tribunal Supremo y la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de la Construcción tienen la palabra.
Esperemos que no tengamos que lamentar otro de los muchos suicidios producidos en Cuba a causa de su segregacionista sistema político y socioeconómico, donde los derechos ciudadanos llevan la peor parte cuando contienden con el Estado.
