MIAMI, Estados Unidos.- Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera de Hugo Chávez en su lecho de muerte, es acusada por el gobierno venezolano por lavado de dinero y podría ser extraditada por España en los próximos días, según informa la agencia EFE.
La justicia venezolana afirma que en la investigación de los llamados Papeles de Panamá descubrieron que Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velázquez, quien fue jefe de seguridad de Chávez, recibieron ayuda del bufete Mossack Fonseca para blindar una fortuna millonaria no declarada.
Adrián José Velázquez también es reclamado por Venezuela, pero en otro proceso aparte del de su esposa.
Díaz Guillén, que también fue tesorera del gobierno de Chávez durante los dos años que dirigió el Fondo para el Desarrollo Nacional, niega la acusación y asegura que se trata de una persecución política del régimen de Maduro.
Ismael Oliver, el abogado de Díaz Guillén, alega que existen serias dudas sobre la validez de la reclamación venezolana ya que la orden de detención que condujo a la detención de su clienta fue anulada unos meses después por una instancia judicial superior sin que Venezuela lo comunicara. El abogado cuestiona la causa contra Díaz Guillén por estar basada en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del régimen chavista, un órgano que, afirmó el letrado, “está sancionado y cuestionado por todos los organismos internacionales de derechos humanos”. Pero el presidente del tribunal que estudia el caso, advirtió a Oliver que en ningún caso los magistrados pueden “entrar en el fondo de la reclamación”, y anunció que el Consejo de Ministros ya autorizó la tramitación para extraditar a Díaz Guillén.
La Fiscalía considera que existen los requisitos necesarios para la extradición, que debe ser decidida por la Audiencia en los próximos días.
Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velázquez, quienes se fueron de Venezuela poco después del fallecimiento de Hugo Chávez, ocurrida en marzo de 2013, fueron arrestados el pasado abril en Madrid. En aquel momento, su abogado afirmó que el régimen de Maduro buscaba chivos expiatorios para distraer al pueblo venezolano de la miseria en que vive.
