Errores no, general: delitos Cubanet

17

Raúl Castro durante un discurso (Foto: Reuters)

LAS TUNAS, Cuba.- El general Raúl Castro en la Asamblea Nacional afirmó: “Son errores nuestros, y si vamos a medir por la jerarquía entre nosotros, son errores míos en primer lugar, porque soy parte de esa decisión”.

Se refería Raúl Castro a la “red de ordenanzas, avisos, directivas, normas, disposiciones y reglas”, según conceptuó Václav Havel, las “normas de completa manipulación de la vida típica del sistema totalitario”.

Efectivamente, aunque no admitido en el concepto de Havel, Raúl Castro hablaba de negligencias en “las regulaciones establecidas” que han propiciado “hechos delictivos” tales como una misma persona tener “hasta cinco restaurantes”.

Darío Delgado Cura, fiscal general de la República, dio un tono tragicómico al drama de la persecución totalitaria cuando dijo en el Parlamento que la Fiscalía ha creado una “dirección especializada”, para entre otras tareas, “velar por el control de términos de respuesta a los trámites”.

¿Control de términos de respuesta a los trámites…? ¡Pero si parece un chiste del Fiscal Jefe!

Basta leer la propia prensa oficial para conocer cómo el régimen da “respuesta a los trámites” administrativos y jurídicos de los cubanos, creando, pese a esa incuria, “la fascinante ilusión de justicia”, según definió Havel.

Luego de las consignas de primera plana, leyendo las denuncias de los lectores en las secciones de acuse de recibo, puede comprobarse el irrespeto por el ser humano, y a la vez, como es pisoteada la llamada “legalidad socialista”.

En su edición del pasado sábado 15 de julio, el periódico Juventud Rebelde (JR), reseñando el discurso del general Raúl Castro en primera plana dice: “El Consejo de Ministros tomó decisiones que serán divulgadas apenas se publiquen las regulaciones jurídicas”.

Al pasar la página, en la misma edición de JR, aparece el titular: “Más de cinco años esperando se cumpla sentencia del (Tribunal) Supremo.

Es el caso de dos ciudadanos que en La Habana, perdieron sus casas por resolución del gobierno provincial, y quienes apelando a los tribunales, consiguieron que se restituyeran sus derechos; pero ni habiendo solicitado auxilio a la Fiscalía, estas personas han conseguido ejecutar la sentencia a su favor.

La inejecución de sentencia es un delito de desobediencia, en este caso, contra el Tribunal Supremo. Pero no es el único publicado por la prensa oficial.

“¿Ignoran fallo del Tribunal Supremo Popular?”, tituló JR el pasado 23 de junio la invasión con anuencia de autoridades municipales a la propiedad de Raúl Ramírez Pérez, de Los Arabos, Matanza, sin que el perjudicado consiga recuperar el terreno usurpado, a pesar del fallo del Tribunal Supremo favorable al denunciante.

Cual casualidad o pretensión moralizadora, JR publicitó la Mesa Redonda de la Televisión el pasado 27 de enero, ensalzando la figura del general Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), el entrevistado del día. En la primera mitad de la página dos, JR redactó un perfil del general-presidente del IPF, y en el extremo inferior de la misma página, como si dijera: “¡Mire esto, general Rodiles!”, interrogante, tituló: “¿Ilegales?”

Unas cien familias en la ciudad de Ciego de Ávila, en un barrio construido entre 2006 y 2008 por “los gobiernos de Cuba y Venezuela”, fueron declaradas ilegales por el IPF, imputándoles “que esa comunidad se construyó de manera ilegal, y las viviendas que aún se hallan en trámites para su legalización no podrán hacerlo, ya que el Decreto-Ley No. 322 (del general Raúl Castro) modificativo de la Ley de la Vivienda no lo permite”.

Todavía las familias declaradas “ilegales” por el IPF a las órdenes del general Rodiles, conforme el decreto del general Raúl Castro, continuaban en un limbo jurídico el pasado 25 de junio cuando JR retomó el asunto, titulando: “Cinco meses y todo igual”; esta vez, el promovente Aldo Moreno Vázquez dijo: “¡Cuánta desilusión nos embarga!”

Más que desilusión, preocupación por lo que a ellos incumbe, debieron sentir los agricultores luego de leer la “Declaración de los campesinos cubanos”, firmada por el Buró Nacional de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) publicada en primera plana por JR este 23 de junio y que en uno de sus párrafos expresa:

“Es necesario recordarle al presidente Trump y al auditorio de Miami que los campesinos cubanos comenzamos a ser libres desde el primero de enero de 1959 y no regresaremos jamás al pasado.”

Pero al voltear la página de JR, tal parece que los campesinos cubanos no son tan “libres” como en primera plana afirma el Buró Nacional de la ANAP. “Es hijo y no puede heredar la tierra”, tituló JR.

El despojado es Justo Romero, campesino de Lagunita Arriba del Jobo, Imías, Guantánamo. Por error de apellido, subsanable pues es pública y notoria su filiación, le fue denegada la adjudicación de la finca paterna aun habiendo apelado al Ministro de la Agricultura.

“¿Cómo es posible que no se haya tenido en cuenta que en esta tierra he trabajado toda la vida?”, se pregunta Justo, de 76 años, damnificado por el huracán Matthew, a quien se “ha negado créditos bancarios por tener la propiedad embargada.”

En El poder de los sin poder, Václac Havel se pregunta: “¿Puede imaginarse una sociedad con buenas leyes, respetadas plenamente, en la que no se pueda vivir?”

La respuesta la encontramos en los millones de cubanos a quienes se ha violado sus derechos, en los miles que han optado por irse de Cuba, y en los millones que viven en Cuba amargamente, de los que hemos mostrado, por inobjetables para el régimen, los ejemplos citados de la prensa oficial, que no son, como dijo Raúl Castro, “errores”, sino delitos tipificados en el Código Penal cubano y cometidos reiteradamente por funcionarios del régimen en todos los niveles de dirección.

Si el principio de dirección conceptúa la delegación de autoridad, niega la delegación de responsabilidad, y por mencionar los menos graves, pero que ya hacen la vida intolerable a los cubanos, son muchos los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, cometidos por funcionarios municipales hasta el nivel del general Raúl Castro. El irrespeto impune por las sentencias del Tribunal Supremo lo prueban.