LA HABANA, Cuba. – José Luis Acosta Cortellán fue detenido en su casa, en la provincia de Camagüey, el pasado 3 de agosto por oficiales de la Seguridad del Estado y hasta la fecha permanece incomunicado y sin derecho a la defensa.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ya había sido multado el 29 de mayo de 2020 por “violar” el Decreto-Ley 370. Desde entonces, ha sido amenazado en varias ocasiones por sus publicaciones en redes sociales.
Marisol Peña Cobas, su esposa y miembro del Partido Libertario Cubano José Martí, anunció este miércoles 12 de agosto que iniciaría una huelga de hambre frente al Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey que solo detendría cuando liberaran a su esposo.
“Estoy ejerciendo mi derecho a la protesta pacífica, derecho que no me pueden arrebatar a mí ni a ningún ciudadano. Basta ya de dictadura, basta ya de esclavitud, merecemos ser libres”, declaró Peña Cobas.
El Decreto-Ley 370, referente a la Informatización de la Sociedad en Cuba, también conocido como Ley Azote, penaliza las publicaciones en redes sociales críticas al gobierno cubano.
Marisol Peña, una de las más de treinta sancionados por la Ley Azote, señala que, hasta la fecha, a su esposo le han cambiado los cargos en al menos tres ocasiones: “primero fue por supuesta amenaza a la gobernadora de Camagüey, luego por impago de multas y posteriormente por incitación para delinquir”.
Tanto Peña Cobas como Acosta Cortellán declararon que no pagarían los 3 000 pesos (alrededor de 120 dólares) que les impusieron en base al Decreto-Ley 370. Ambos carecen de los recursos necesarios para eso y, además, consideran que ejercer la libertad de expresión no es un delito.
La libertad de expresión es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba.
José Luis Acosta Cortellán es el primer encarcelado de los multados por el Decreto-Ley 370 que se han negado a pagar las multas; algo sobre lo que el Movimiento cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) ha estado alertando en las últimas semanas.
El 8 de junio del presente año, la organización presentó una petición de inconstitucionalidad del Decreto-Ley 370 ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República de Cuba, la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. Más de dos meses han transcurrido y aún no ha recibido respuesta, con lo cual las instituciones violan sus propios parámetros.
Marisol Peña permanece desde esta mañana frente al Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey. Hasta allí fue a verla uno de los oficiales de la Seguridad del Estado para convencerla de que abandonara el lugar, algo a lo que ella se negó: “Quiero demostrarles a estos esbirros que no estoy sola, estoy con Dios y la verdad de mi lado. Esta pesadilla tiene que acabar porque Cuba tiene que ser libre”, afirmó.
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