MIAMI, Estados Unidos. – Christian Tyrone Zerpa, uno de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron sancionados por EEUU y Canadá, huyó a Estados Unidos para denunciar al régimen chavista a pocos días de la toma de posesión de Nicolás Maduro.
En entrevista ofrecida a la periodista venezolana radicada en EE.UU, Carla Angola, Zerpa reveló que su “designación express” como magistrado principal de la Sala Electoral del TSJ en 2015 se llevó a cabo “porque era uno de los leales” al régimen.
“Nicolás Maduro me otorgó un cargo con la finalidad de garantizar decisiones favorables al Gobierno”, expresó el exmagistrado, que abandonó su cargo y arribó a Florida junto a su esposa y sus dos hijas.
Christian Zerpa fue diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e integrante de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, instancia donde, según el propio portal partidista, expuso el caso del dirigente opositor, Leopoldo López, quien fue acusado de ser “el responsable del asesinato de 43 venezolanos y de la destrucción de infraestructuras públicas y privadas”.
“Todo lo que viví me llevó a estas circunstancias. También pido disculpas a Venezuela aunque me toque ser odiado por la gente partidaria del Gobierno y la oposición… No podía quedarme callado y dejar que la vida pasara”, dijo Zerpa en la entrevista, difundida a través de las redes sociales para EVTV Miami.
El exmagistrado afirmó que la profunda crisis que atraviesa Venezuela es consecuencia de la gestión del gobierno y de la propia oposición, a quien otorgó el calificativo de “pésima”.
“Vine a EEUU porque temía por mi vida y la de mi familia. Voy a colaborar con las autoridades estadounidenses por la libertad de Venezuela”, aseguró.
Por último, Zerpa denunció la falta de independencia y autonomía del poder judicial, el cual, según dice, se subordina completamente a las decisiones del régimen. Y criticó la falta de transparencia de las elecciones del pasado año, las cuales “no fueron libres” y no contaron con “las garantías electorales” necesarias.
