LA HABANA, Cuba.- Desde el 20 de mayo de 2018 Jorge Luis Estrada, su esposa Elizabeth y sus dos niñas entran y salen de su apartamento por el hueco que antes ocupaba la ventana del baño. El derrumbe parcial de la escalera de su edificio, localizado en la calle Damas #905 del barrio de San Isidro en la Habana Vieja, dejó la estructura inutilizable, obligando a la familia a acceder a su vivienda por la azotea del consultorio médico contiguo.
La puerta de entrada al apartamento ha sido clausurada por el propio Jorge Luis. Del otro lado se amontonan los escombros producidos por el colapso definitivo de la escalera, que tuvo lugar en la madrugada del viernes 12 de octubre. El violento crujir del inmueble provocó que su hija de nueve años despertara dando gritos de terror, y la familia tuvo que salir precipitadamente temiendo el derrumbe total de un edificio construido en 1924 y que fue declarado inhabitable en el año 1974.
Cuarenta años después, la edificación de viga y losa es una bomba de tiempo que amenaza con desplomarse, aplastando a sus inquilinos. Jorge Luis y Elizabeth han acudido a todas las instancias, que han zanjado el asunto con la misma respuesta: “la solución no está en nuestras manos”. Desesperados, el pasado 20 de agosto enviaron una carta al actual presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y con una mezcla de esperanza y zozobra cuentan los sesenta días hábiles al cabo de los cuales deberían recibir respuesta.
Además del problema fundamental de no tener donde vivir, el caso de esta familia se ha visto rodeado de una serie de irregularidades que reflejan la incompetencia del Estado y la corrupción ilimitada de sus empleados en todos los niveles.
Jorge Luis realizó el trámite legal para adjudicarse la propiedad de su apartamento y además obtuvo un subsidio que le permitió acometer algunas reparaciones. Sin embargo, para legalizar la propiedad el edificio tuvo que ser declarado en el dictamen técnico como “Inhabitable-reparable”, clasificación utilizada por los arquitectos de la comunidad para retrasar la inclusión de familias en el atestado sistema de albergues, asegurando que sean menos las personas con derecho a solicitar los usufructos que hoy representan un negocio redondo para los empleados de la Dirección Municipal de la Vivienda.
Jorge Luis y Elizabeth abonaron al Estado el precio de un inmueble que supone una amenaza para sus vidas; además de haber destinado un subsidio a la reparación de lo que hace años debió ser demolido.
Hoy este matrimonio engrosa la lista de ciudadanos víctimas de la ineficiencia e indolencia de los dirigentes. Ni siquiera les han avisado formalmente que deben abandonar el edificio. Hasta parece que la decisión de dejarlos morir estuviera tomada. La familia ha tenido que concentrar sus pertenencias en la habitación que consideran más segura, pues la de las niñas, reparada con los materiales del subsidio, ya muestra el hundimiento del techo y el suelo desnivelado.
El problema de la vivienda en La Habana es crítico, con un déficit que supera las 200 mil capacidades en el fondo habitacional, según datos publicados por la revista Temas. El Centro Histórico, al cual pertenece el barrio de San Isidro donde viven Jorge Luis y su familia, tiene previsto un plan de rehabilitación que debería culminar en 2030; pero los objetivos priorizados son económicos, comerciales y turísticos, dejando la arquitectura doméstica por cuenta de los habitantes en una coyuntura muy desfavorable para la adquisición de materiales de construcción.
Según datos oficiales, se estima que más del 60% del cemento cubano se agota en la edificación de hoteles. El resto se pierde en los laberintos del acaparamiento y la reventa a precios exorbitantes, sin que las autoridades puedan ponerle coto a esta práctica delictiva. Para controlar el incremento de personas albergadas, varias escuelas y locales han sido convertidas en viviendas; pero no se observa una actividad constructiva sistemática, organizada, de buena calidad y proporcional a la demanda que cada año aumenta.
Pese a que la Constitución cubana establece que el “Estado garantiza a todos sus ciudadanos la vida, la seguridad, la salud, el desarrollo integral, el derecho a una vivienda digna y confortable…etc.”, una familia con dos menores de edad entran y salen de su casa por un hueco en la pared. La hija mayor, de 14 años, ya se fracturó un brazo a causa de un resbalón. Esa sensación de vivir en constante peligro, la desesperación e impotencia de sus padres y la imposibilidad de tener una vida social normal, la han llenado de una amargura inconcebible a su edad.
La situación en que viven ambas hermanas es una violación a los derechos de la infancia, como también lo sería enviarlas a un albergue, confinadas a un cubículo separado de gente extraña por un delgado tabique de cartón. No es normal dormirse aterradas por la posibilidad de que el techo les caiga encima, ni despertar sintiendo alivio porque nada malo sucedió. Dos niñas no deberían tener esa clase de angustias que atentan contra su desarrollo psicológico, emocional e intelectual.
Mientras Jorge Luis y Elizabeth esperan la respuesta de Miguel Díaz-Canel, el frágil domicilio retumba con cada paso. El peor escenario sería que un día de estos el inmueble finalmente colapsara matándolos a todos, o quizás solo a uno, si tienen suerte. Entonces vendrá la corruptela institucional a velocidad meteórica, para proteger sus cargos con el revolucionario gesto de ofrecer una vivienda decorosa a los traumatizados sobrevivientes.
