LA HABANA, Cuba. – Tras más de ocho meses de espera, la Fiscalía General de la República de Cuba citó este lunes en el Departamento de la Seguridad del Estado “Villa Marista” a seis de los manifestantes del 30 de abril de la calle Obispo para comunicarles que se les aplicaría a cada una multa de 7 000 pesos en virtud de un “acuerdo conciliatorio” establecido en la nueva Ley de Proceso Penal por los supuestos delitos de Resistencia y Desorden público.
Thais M. Franco, Ángel Cuza, Into Soto, Mary Karla Ares, Yuisán Cancio y su madre, Nancy Vera, se negaron a aceptar la medida.
“Es injusto y además pagar una cifra de dinero tan elevada es doblemente ilegal”, dijo Ares en una publicación en su perfil de Facebook.
“Nos explicaron que, de no aceptar la sanción, el asunto continuaría hasta el tribunal y ahí tendríamos que cumplir lo que dictara el juez. Fue algo así como un ‘lo tomas o directo a prisión y te jodes’”, explicó Ares vía telefónica a CubaNet.
“Nos explicaron que, de no aceptar la sanción, el asunto continuaría hasta el tribunal y ahí tendríamos que cumplir lo que dictara el juez. Fue algo así como un ‘lo tomas o directo a prisión y te jodes’”
Finalmente, los manifestantes accedieron aceptar la medida si la multa era de menor cuantía.
“El instructor (penal) ahí presente, el cual relega en el anonimato, nos dijo que recibiríamos una nueva citación en la que nos darían respuesta final sobre el valor de la multa y que a partir de que pagáramos la misma, automáticamente nuestra restricción migratoria sería retirada, lo que hacía alusión a una invitación para abandonar el país. Afuera era evidente el operativo policial pendiente a cada uno de nuestros pasos. Más de tres agentes de la Seguridad del Estado nos observaban detenidamente, además de una patrulla parqueada en la misma esquina”, añadió Mary Karla Ares.
El 30 de abril de 2021 resultaron detenidas alrededor de una docena de personas por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo, en La Habana. Los activistas exigían ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se hallaba en huelga de hambre y sed, totalmente incomunicado y su vivienda bloqueada por los órganos represivos cubanos. Todos fueron acusados de Desorden público y Resistencia, delitos por los cuales pudieran recibir sanciones de entre tres meses y cinco años de privación de libertad.
A fines del mes de mayo fue liberada la periodista independiente Mary Karla Ares; en el mes de septiembre serían excercelados Thais Mailén Franco y Yuisán Cancio. El 4 de enero de 2022 fueron liberados Inti Soto y Luis Ángel Cuza. Ese mismo día, el otro los manifestante de Obispo que quedaba en prisión, el reportero Esteban Rodríguez, junto al también reportero Héctor Luis Valdés Cocho, fue obligado al exilio y trasladado directamente de la prisión al Aeropuerto Internacional José Martí.
Todos los excarcelados se encuentran bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, en espera de juicio.
En el caso del estudiante universitario Leonardo Romero Negrín, quien enfrentaba dos procesos penales por su participación en la protesta del 30 de abril y en la del 11J, a principios del mes de noviembre fue multado con 1 000 pesos por el supuesto delito de Desorden público por su participación en el 11J. En el caso del proceso seguido en su contra por la protesta del 30 de abril, el joven de 22 años notificó que la causa fue sobreseída.
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