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Fiscalía de La Haya presentará conclusiones sobre Venezuela en «tiempo razonable»

Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Foto tomada de Caracol Radio

MIAMI, Estados Unidos.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), liderada por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer este miércoles su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, y aseguró que el de Venezuela formulará conclusiones “en un período de tiempo razonable”, además, avisó a Colombia por una serie de cambios introducidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según la nota de la agencia de noticias EFE, la oficina de la Fiscalía dio a conocer el informe tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada este miércoles en La Haya. Bensouda hizo hincapié en la situación de Venezuela, y explicó que sigue recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad.

Esta aclaración viene dada después de que la fiscal haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre el país caribeño, paso posterior al examen preliminar ya abierto.

De acuerdo a Efe, en el informe se constata que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” durante las protestas de abril de 2017 contra el régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Además, añade que, supuestamente, “se han detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.

La Fiscalía, por otro lado, especifica en el documento citado que ha recibido información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, lo que provocó que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”. También señaló que tiene bajo su escrutinio la colaboración entre autoridades y “civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados ‘colectivos’, que también perpetraron presuntamente una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.

Colombia, por su parte, es el otro país que está bajo un examen preliminar, por lo cual se ha creado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un organismo de justicia creado para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC-EP, paramilitares y el Ejército.

Al respecto, Bensouda expresó “sus preocupaciones” por una serie de cambios introducidos en la JEP recientemente y aprobados por la Corte Constitucional de este país, pues “podría interpretarse” con el sentido de “restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional consuetudinario”.

“Quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente, y en particular la definición de responsabilidad del mando”, añadió la fiscal de La Haya.

No obstante, la Fiscalía de la CPI valoró “positivamente” que la JEP esté en “pleno funcionamiento” y constató que desde noviembre de 2017 “las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia”.

Los enjuiciamientos incluyen “falsos positivos” – homicidios de civiles cometidos por las fuerzas públicas para que pareciesen miembros de la guerrilla-, delitos sexuales y de género, y desplazamientos forzosos. Y en informes anteriores, la Fiscalía de la CPI había identificado cinco casos potenciales de estos “falsos positivos”, pero el dossier publicado este miércoles aseguró que “las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos” relacionados con los mismos.

La Fiscal de La Haya, constató las condenas a 29 paramilitares durante el último año y las imputaciones a otros 341 por haber provocado desplazamientos forzosos de civiles. Así mismo, respecto a los supuestos crímenes sexuales, celebró las condenas contra tres líderes paramilitares y los procesos iniciados contra otros paramilitares, miembros de las FARC-EP y del Ejército.