SAN LUIS POTOSÍ, México.- Este lunes fue presentado por el secretario de Estado de Estados Unidos Antony J. Blinken el Informe por países sobre prácticas de derechos humanos en 2023, donde, en un extenso apartado, se alude a los casos que evidencian la constante violación de estos derechos en Cuba.
El informe recoge reconoce que el pasado año no se produjeron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Cuba.
Entre los hechos significativos relativos a la violación de derechos humanos se incluyeron informes de homicidios arbitrarios o ilegítimos, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detenciones y encarcelamientos arbitrarios; graves problemas con la independencia del poder judicial; presos políticos; represión transnacional contra personas en otro país.
También incluyen casos de restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, como violencia o amenazas de violencia contra periodistas, detenciones o procesamientos injustificados de periodistas, censura y aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales por difamación para limitar la expresión; graves restricciones a la libertad en Internet; injerencias sustanciales en la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, la financiación o el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; restricciones a la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia en el país y al derecho a salir del país.
“El gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, sentenció el informe.
Presos políticos
El informe señala que el Gobierno mantuvo recluidos a presos y detenidos por motivos políticos. Denegó el acceso a sus prisiones y centros de detención a las organizaciones humanitarias internacionales y a la ONU.
El texto recuerda que en agosto había al menos 1.047 presos políticos recluidos, según la organizaicón Prisoners Defenders. “La falta de transparencia gubernamental, junto con la vulneración sistemática de las garantías procesales, ocultó la verdadera naturaleza de las acusaciones, investigaciones y enjuiciamientos penales”.
Ese hecho permitió a las autoridades procesar y condenar a activistas pacíficos de derechos humanos por presuntas infracciones penales. Usando la designación de “contrarrevolucionario” para los reclusos que se oponían al gobierno, el régimen no hizo público el número de estos reclusos.
Además, vigiló estrechamente a las organizaciones que hacían un seguimiento de la población de presos políticos, y estas sufrieron a menudo el acoso de las autoridades estatales.
Se reconoce también las denuncias de presos políticos de que el gobierno los mantenía aislados durante periodos prolongados y no les proporcionaba las mismas protecciones que a otros presos o detenidos.
A los presos políticos que se negaban a llevar el uniforme normal de la prisión se les denegaban ciertos privilegios, como visitas familiares, acceso a las bibliotecas de la prisión, reducciones de la duración de la condena o traslado de una prisión de máxima seguridad a otra de seguridad media. En ocasiones, no recibían atención médica adecuada.
Libertad de expresión y de prensa
El Gobierno de EE.UU. advierte que aunque la Constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, con la condición de que la expresión “se ajustara a los objetivos de la sociedad socialista”, el gobierno la restringió de diversas formas.
Limitó repetidamente el debate público de temas considerados políticamente delicados. Varias leyes penalizaron aspectos de la libertad de expresión, como la Ley de Comunicación Social aprobada en mayo, que aumentó el control del régimen sobre la información, la prensa y otros medios de comunicación, y los medios sociales a través del Instituto de Comunicación e Información.
En lugar de hacer cumplir estas leyes, la policía usó otros pretextos para hostigar y detener a personas que ejercían la libertad de expresión.
Censuró o restringió contenido para miembros de la prensa y otros medios de comunicación, incluidos los medios online.
El Gobierno acosó y denegó el acceso a corresponsales extranjeros que informaban de noticias consideradas críticas con el gobierno. Por temor al acoso, muchos periodistas extranjeros no publicaron artículos sobre abusos contra los derechos humanos mientras se encontraban en el país.
También se recurrió a la represión y al exilio forzoso para acosar a los periodistas independientes. Tal fue el caso de Yoel Acosta Gómez, de este medio, por “atentado contra la seguridad del Estado” e “incitación a la desobediencia civil”. Acosta viajó a Guyana en junio y se exilió en Brasil.
Acceso a internet
El reporte de EE.UU. visibiliza también casos en que el gobierno restringió el acceso a Internet y utilizó una combinación de leyes restrictivas, censura selectiva de sitios web, presión sobre los operadores de sitios web y vigilancia sin restricciones para censurar la información crítica con el régimen y silenciar a sus críticos y actos como la protesta que tuvo lugar en Caimanera (Guantánamo) en mayo.
Las autoridades también interrumpieron el acceso a Internet de particulares o de determinadas regiones del país durante las elecciones nacionales de marzo. El código penal criminalizó aún más la expresión en línea, estableciendo penas explícitas y frecuentemente agravadas para varios presuntos delitos cometidos a través de redes digitales, como la calumnia y el uso de redes sociales para organizar protestas.
El texto alude al informe Freedom on the Net 2022 de Freedom House, que apunta que el gobierno bloqueó sistemáticamente numerosos sitios web críticos con el historial de derechos humanos del gobierno.
El gobierno bloqueó el acceso al informe Freedom on the Net de Freedom House y herramientas de Internet y sitios web considerados contrarios a sus intereses.
En meses pasados, el régimen cubano rechazó 31 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, emitidas por más de 15 países.
En un comunicado de prensa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) trascendió que, entre las propuestas rechazadas, se encuentran la liberación de los presos políticos, garantizar atención médica a los opositores encarcelados o poner fin a las detenciones arbitrarias.
Las observaciones fueron realizadas en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Países como Nueva Zelandia, Alemania o Lituania instaron al gobierno cubano a liberar a los presos políticos y de conciencia, y otros pidieron procesos judiciales transparentes y el fin del sistema unipartidista.
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