MIAMI, Florida.- El Gobierno de Venezuela abrió una investigación este martes contra la página web del diario El Nacional debido a la publicación de esta última de información que supuestamente desconoce a las autoridades tras la “reelección” del presidente Nicolás Maduro.
En un editorial publicado el pasado lunes bajo el título “¡Qué pena con Maduro!”, El Nacional calificó de “mamotreto” los comicios del domingo. El diario, duro crítico de Miraflores, se refirió a la abstención del 54% del electorado diciendo que los ciudadanos habían evitado “sumergirse en inmensas olas de mierda”.
La oficialista Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela inició el proceso administrativo por “presunto incumplimiento” de la ley de medios al difundir mensajes “incitando o promoviendo el odio”.
Según un comunicado de Conatel, El Nacional violó la conocida Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme) al “difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas”.
Los “ilícitos administrativos” de El Nacional violarían además la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La comisión oficialista “acordó con carácter provisionalísimo, la aplicación de la medida cautelar nominada, dirigida a abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía”.
Según Conatel, dichos mensajes pueden “generar alteraciones en la población, al ofrecer información errada o infundada que, en consecuencia, infrinja los supuestos establecidos” en las leyes de medios.
De acuerdo al comunicado oficial, El Nacional tendrá diez días hábiles “para exponer sus alegatos y defensas” y cinco “para oponerse a la medida acordada” para “garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso”.
“Ratificamos nuestro compromiso con Venezuela. ¡Nuestra lucha es por la verdad!”, publicó El Nacional en su cuenta de Twitter luego del anuncio de Conatel.
Las “elecciones” de este domingo en Venezuela han sido tildadas por la oposición como una “farsa”. Tanto el proceso como los resultados fueron desconocidos por Estados Unidos, así como varios países de América Latina y Europa.
