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Gobierno y leyes en la próxima Asamblea Nacional

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel (Foto Reuters)

LA HABANA, Cuba.- La transición configurada por Raúl Castro y los militares a través de Miguel Díaz-Canel y su equipo se consolidará en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 20 de diciembre, como experimento antes de la retirada del General en 2021. El primer ministro y su consejo, designados por el presidente, serán confirmados.

Ellos tendrán que resolver los problemas económico, político y social más difíciles existentes en los 61 años de la llamada Revolución que los creó, emprender la unificación monetaria y afrontar el recrudecimiento de las medidas de Estados Unidos. Afortunadamente, no hubo calamidades por ciclones este año.

Los informes sobre el cumplimiento del Plan económico del año, que podría anunciar el poco fiable incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el presupuesto del Estado, así como el Plan para 2020, son igualmente importantes. Las tensiones económicas continuarán por la escasez de combustible procedente de Venezuela y las dificultades para pagarlo en otros mercados, la caída de la venta de servicios fundamentalmente médicos, las consiguientes falta de liquidez y créditos a corto plazo por dificultades para el pago de las deudas, la incapacidad para producir alimentos, artículos industriales, sustituir importaciones y aumentar las exportaciones.

Las especulaciones se han intensificado en círculos políticos y diplomáticos sobre quienes serán los designados en el gobierno. Dos equipos económicos existen, un superministro de facto, el General Luis Alberto López-Calleja, yerno de Raúl Castro, controla desde GAESA las finanzas y por ende la economía, realiza negociaciones y participa en las giras de Díaz-Canel. El Consejo de Ministros oficial gestiona la magra liquidez aportada por la economía estatal, planificada con su carga de empresas quebradas, obsoletas e incapaces de adaptarse a la pseudo autonomía, así como la agricultura improductiva y la burocracia en todas las esferas. Todas ellas ahogadas por el abigarrado sistema jurídico proliferado para mantener el control absoluto, y aprisionar las fuerzas productivas contrario a las palabras de los dirigentes.

La cábala de pasillos para primer ministro augura a Rodríguez López-Callejas, pero es dudoso que deje su autonomía respecto al presidente y la Asamblea Nacional, así como figuras muy poco avezadas en la economía como los vicepresidentes Inés María Chapman y Roberto Morales Ojeda, o la miembro del Buró Político del Partido Comunista Mercedes López Acea. Más sensato, por estar vinculado a las medidas emprendidas por Raúl Castro, sería Marino Murillo, presidente de la Comisión de los Lineamientos, a pesar de parecer improbable. El ministro de Economía, Alejandro Gil, aunque ha jugado un papel asiduo en la explicación mediática de la situación y las perspectivas, en apoyo a las intervenciones de Díaz-Canel, no parece el elegido. Este será un cargo ejecutivo auxiliar del presidente, que hasta el 10 de octubre pasado se desempeñó al frente de los Consejos de Estado y de Ministros. También fue relevado en el primero por el presidente de la Asamblea Nacional que ocupa las dos posiciones.

Sin embargo, el presidente de la República es el Jefe de Estado (Artículo 125 de la Constitución), y como tal está investido de todos los poderes. En la práctica está supeditado al Partido Comunista y los militares, carece de los medios económicos, y su equipo está conformado por compañerismo de la época estudiantil y auge político, así como de militares elevados por el General.

Las capacidades, conocimientos y experiencia son secundarias en el sistema socialista cubano, aunque tienen que gestionar la herencia quebrada, con sonrisas y explicaciones absurdas al aplicar las medidas draconianas para distribuir las migajas. Probablemente ciertos viceprimeros ministros y ministros serán relevados, como la de Comercio Interior. Algunos ejecutivos tienen conocimientos y experiencia, como Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, quien evidencia que el entramado mental, legal y burocrático interpuesto a distintos niveles son las peores dificultades para avanzar en su gestión.

La Asamblea también aprobará por unanimidad los proyectos de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, la Ley de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y los Consejos Populares. Los dos proyectos de leyes aparecieron en la Gaceta Oficial, de escaso acceso por la población, y pormenorizan las atribuciones contenidas en la Carta Magna. También se establecerá el cronograma legislativo para cumplir lo estipulado en la Constitución de 2019, según expresó  Homero Acosta, secretario de la Asamblea, en conferencia de prensa el 10 de octubre.

La población, apática ante los hechos consumados, continúa en sus colas para comprar las dos libras de papa por personas de diciembre en el sistema de racionamiento, y capturar un transporte para asistir al trabajo, el estudio y otras gestiones. A la temida inminencia de la unificación monetaria ellos unen las bolas sobre la Reforma Salarial en febrero, que rechazan porque suponen el consiguiente aumento de precios en las tiendas estatales. Solo les queda aspirar a que las tensiones económicas impongan la apertura.

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