LA HABANA, Cuba. – En momentos en que cobra fuerza el llamado del mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez para combatir la subida de precios en la economía cubana, tanto en los sectores estatal como privado, emerge impetuosamente una figura que da al traste con la exhortación del benjamín del poder: el revendedor.
Se trata de personas que no poseen licencia para realizar ninguna actividad económica, y que sin embargo se dedican a ofertar a la población mercancías deficitarias a precios superiores a los establecidos por el gobierno.
Tan alarmante se ha tornado el fenómeno, que mereció tres trabajos periodísticos aparecidos recientemente en el periódico Granma, en las ediciones correspondientes a los días 2, 3 y 4 de octubre del referido órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
La tónica general de los autores de esos artículos apunta hacia el acaparamiento de productos por parte de los revendedores en los comercios estatales, para ofrecerlos posteriormente a unos consumidores agobiados por la creciente escasez reinante en dichos establecimientos.
Una situación que vemos con renglones tan demandados como el cemento y otros materiales de construcción, los artículos de ferretería, los jabones, la pasta dental, el detergente para fregar o las simples jabitas de nailon para cargar las mercancías que uno adquiere. Mientras las tiendas gubernamentales, por lo general, muestran sus estantes vacíos, los revendedores -en muchos casos a las puertas de esos establecimientos- tienen de todo lo que el consumidor necesite a precios que casi siempre duplican los fijados por el gobierno.
Mas, ya en el último de los mencionados trabajos periodísticos, se recogen las opiniones de varios lectores, quienes ponen en duda que sea el acaparamiento la única fuente que nutre a los revendedores, y señalan la probable existencia de una cadena -o un clan- entre los empleados de las tiendas y los revendedores, quienes compartirían las ganancias de las reventas.
Entonces, la supuesta protección gubernamental a los consumidores se desvanece, pues el ciudadano de a pie tiene que pagar de todas maneras los precios de oferta-demanda que indica el mercado. Todo con el fastidio adicional que implica sortear la vigilancia de policías e inspectores en contra de lo que ellos califican como “actividades económicas ilícitas”. Una de las lectoras manifiesta el pesimismo que invade a buena parte de los consumidores: “¿Hasta dónde y hasta cuándo va a ser necesario convivir con el problema sin que tenga una solución definitiva?”.
Por supuesto que existe una manera de ir solucionando paulatinamente semejante problemática. En primera instancia, permitir que las tiendas gubernamentales comercialicen a los precios espontáneos del mecanismo oferta-demanda. Así desaparecen inmediatamente los revendedores y las posibles cadenas o clanes que tanto irritan a los consumidores. Paralelo a ello es imprescindible la eliminación de las trabas que imponen las autoridades al desarrollo de las fuerzas productivas, además del abandono de esa dudosa estrategia de sustitución de importaciones que a la postre disminuye la existencia de productos a disposición de los consumidores.
Cuando se lleven a cabo esas tareas, es casi seguro que los precios del mercado se vayan acercando al poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos. No hay que olvidar que la gradual liberalización de precios es uno de los signos distintivos de las reformas económicas que han tenido éxito. Así lo atestiguan, entre otros, los casos de China y Vietnam.
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