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Hoy 20 de septiembre entra en vigor el Decreto 349

Artistas protestan contra Decreto 349

LA HABANA, Cuba.- Tal como lo indica la tercera disposición final de la ley, hoy 20 de septiembre entró en vigor el Decreto No 349: se cumplen los 150 días después de su publicación, el 20 de abril de 2018, luego de ser dictado por el Consejo de Ministros.

El periodista oficialista Germán Veloz Placencia, en un artículo publicado por el periódico Granma en su versión digital el pasado día 11, aseguraba que el decreto entraría en vigor en este mes de septiembre.

Los artistas que se han suscrito a la campaña para derogar la 349 habían sacado mal la cuenta: pensaban que aún tendrían algunos meses antes de que la ley entrara en vigor porque la Gaceta Oficial N0 35 Extraordinaria fue publicada realmente el 10 de julio de 2018, con el número de ISSN 1682-7511 y salió junto a otras leyes como la de Vivienda, Sistema Tributario, Créditos Bancarios, entre otras dictadas en los meses de febrero y marzo.

Entre el debate de cuán perjudicial podría ser, la indecisión de los que piensan que no les afectará la censura, y los que no opinan por miedo, la ley se hizo firme en un sistema legislativo que se caracteriza por no consultar a los ciudadanos, no derogar leyes y crearlas para dejarlas “dormidas” y aplicarlas arbitrariamente, según su conveniencia.

En su artículo, el periodista Germán Veloz define la 349 como defensora del “principio de disfrutar de opciones culturales con alto valor creativo y estético”. Resume las principales líneas del decreto, pero no aclara qué es “alto valor creativo y estético” ni cuál será la vara con que se mida en el arte y la cultura. ¿El canon artístico lo establecerá la vinculación con el Estado?

No queda claro si se refiere al puritanismo que ha desatado el uso y abuso del reguetón en los medios y los espacios públicos y privados, o si aboga por una regresión al realismo socialista.

Muchos temen que haya “medidas regresivas”, como apuntan los artistas de la Bienal #00 y la influencia de la ley “de manera desproporcionada en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, según hicieron saber a la Fiscalía General, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la Comisión de Asuntos constitucionales y Díaz-Canel en documentos entregados debidamente hace un par de semanas y de los que no han recibido respuesta alguna, solo varios artículos publicados en el Granma desacreditándolos como artistas.

Las “medidas regresivas” a las que se refieren los artistas no son solo que limitan la independencia creativa sino que le confieren a los supervisores-inspectores los mismos poderes que tuvieron una vez los funcionarios que en el Quinquenio Gris parametraron a actores, prohibieron e hicieron pulpa libros e hicieron trabajar en fábricas, bibliotecas o silenciaron a creadores que no decían lo que había que decir.

“Con este decreto no son necesarias víctimas, ni grupos afectados ni denuncias, ni tiene en cuenta las garantías del debido proceso para los inculpados”, dice la queja de los artistas.

Pero en el artículo publicado en Granma se corrige la 349 dando una única posibilidad de reclamación a quien resulte censurado o afectado por la ley. Dice: “Los instrumentos, equipos, accesorios u otros bienes decomisados estarán bajo la custodia de la autoridad facultada. Una vez transcurrido el término de diez días hábiles posteriores a la solución del recurso de apelación, si este se declara a favor del reclamante, le son devueltos”. Y asegura unas líneas más abajo: “De no tener lugar la apelación, lo decomisado es entregado, mediante acta, al responsable de la manifestación artística de que se trate”. ¿Con qué fin? ¿Entregarlo a alguna escuela de arte?  ¿O irá a parar a casa de algún funcionario más necesitado que las escuelas?
La creación independiente queda totalmente excluida. No se menciona en el artículo pero por fuerza, si no estás “valorado”, “incluido”, “aceptado” estás fuera de la Ley y a expensa de cualquier arbitrariedad.

Las estructuras estatales, en esta nueva era pretendida por el régimen, no son ni serán para proteger al ciudadano de abusos de poder sino para coaccionar a quienes no se ajusten a sus cánones o para aplicar correctivos.