MIAMI, Estados Unidos. – Varios juristas cubanos rechazaron este jueves las continuas intervenciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en la privacidad de los usuarios de la Isla, informó Radio y Televisión Martí.
En esta ocasión, los abogados han denunciado las flagrantes violaciones de contrato y faltas constitucionales en las que incurre el monopolio estatal cuando interrumpe el servicio de sus clientes por órdenes de la Seguridad del Estado.
“Como acostumbran a hacer, cortaron mi teléfono y el de mi esposa, y cuando fui a quejarme a ETECSA, la persona presente en la oficina puso mi número en la computadora y el teléfono milagrosamente resucitó”, dijo a Radio Martí el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló.
En ese sentido, el jurista señala que es la propia Constitución vigente (1976) la que, en su artículo 57, defiende el derecho a la comunicación, una máxima que fue refrendada en el artículo 50 de la nueva Carta Magna.
Asimismo, Méndez Castelló también señala que el artículo 289 del Código Penal cubano, sanciona a este proceder, llevado a cabo por los comisarios de la policía política.
“El que, sin estar autorizado, abra carta, telegrama, despacho o cualquier correspondencia perteneciente a otro, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”, señala el mencionado artículo, que agrega, además, que si el delito es cometido por un funcionario o empleado público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.
“Ningún estado tiene el derecho de penetrar, de conocer -si no es por una orden judicial, y debidamente fundamentada- las comunicaciones, porque forman parte de la vida privada de las personas”, explicó el también abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces.
Las reiteradas faltas de ETECSA a la hora de respetar la privacidad de los usuarios y garantizar la calidad de los servicios también ha sido denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Por tal razón, la organización solicitó al Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, intervenir a propósito de “las acciones ilegales que violan el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones” en Cuba.
