CARACAS.- Los tribunales venezolanos libraron órdenes de excarcelación para al menos 20 personas detenidas, consideradas como presos políticos por los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, informó este jueves la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).
Las órdenes de excarcelación, todas registradas en el estado Zulia (noroeste), se dieron después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidiese beneficios para algunos de estos opositores como parte de su primera línea para su segundo mandato de Gobierno, la reconciliación.
“Salieron boletas de excarcelación para 20 presos políticos”, informó en la red social Twitter el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, que dijo además que miembros de la ONG, dedicada a la defensa de opositores presos, se encuentran en el tribunal y los centros de reclusión esperando que las órdenes se materialicen.
El defensor no ofreció detalles sobre los detenidos ni sobre si se esperan nuevas liberaciones, aunque informó de que tan pronto como se produzca la excarcelación se ofrecerá una lista detallada.
Durante la sesión extraordinaria de la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente a la que acudió Maduro para tomar juramento, el mandatario declaró que espera que “todos los sectores involucrados en la violencia política” desde 2014 hasta 2017 “se vayan a las calles a hacer política”.
Maduro dijo que espera que “todos los sectores involucrados en la violencia política” desde 2014 hasta 2017 “se vayan a las calles a hacer política”
Sin embargo, especificó que la petición a la Comisión de la Verdad de la ANC -organismo no reconocido y calificado como fraudulento por la oposición- dejará fuera a los responsables de “graves crímenes o asesinatos”.
Romero dijo más temprano que habían hasta entonces 373 presos políticos en el país, la gran mayoría de ellos reconocidos por la oposición como tal, pese a que el Gobierno sostiene que estos detenidos están presos por “delitos comunes”.
Familiares de los encarcelados denuncian desde hace tiempo la incompetencia de los tribunales a la hora de dictar justicia y liberar a los acusados, así como unas condiciones insalubres y “torturas” contra los detenidos.
